Esa audiencia duró aproximadamente 10 horas con las declaraciones de las víctimas, testigos y la comitiva que envió Paraguay para testimoniar sobre el caso, que son el Procurador General del Estado Sergio Coscia, el exfiscal General del Estado German Latorre y el fiscal Edgar Sánchez, ambos en calidad de testigos.

En ese escenario NOVA tuvo el privilegio de ponerse en contacto con el Doctor en Ciencias Jurídicas y Especialista en Derecho Constitucional Luis Adolfo Ramón Lezcano Claude, ex Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la República de Paraguay e integrante de la sala constitucional (1995-2003) para conocer cuáles son las expectativas de este caso para el Estado paraguayo.

Sobre los antecedentes del caso, el letrado manifestó que se relaciona con el secuestro de la señora Bordón de Debernardi, en 2003. El hecho fue atribuido al grupo subversivo Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), al cual supuestamente pertenecerían Arrom y Martí quienes habrían tenido participación en la materialización del aludido secuestro.

Como parte de las averiguaciones referentes a este hecho, la policía presuntamente detuvo a Arrom y Martí y los sometió a tortura a fin de lograr alguna información referente al secuestro.

Es necesario aclarar, indicó Lezcano Claude, que se trata de dos cuestiones diferentes: el secuestro de la señora Bordón de Debernardi y el sometimiento a tortura de Arrom y Martí.

Al ser consultado por la razón que llevó el caso a la Corte, el profesional indicó: "A una instancia internacional como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sólo se puede llegar una vez agotadas las instancias internas del Estado respectivo, en este caso, el Paraguay. También se puede acceder cuando existiere una exagerada dilación en las instancias internas".

Primeramente, se debe concurrir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos encargada de realizar el estudio de la procedencia y viabilidad del caso, para luego presentarlo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

"Debe quedar en claro que el caso Arrom y Martí llega a instancias internacionales a instancias de estos y en referencia al crimen de tortura cometido por agentes del Estado paraguayo en contra de estas personas", dijo Lezcano Claude.

Actualmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo ha admitido y lo presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se ha realizado la audiencia el pasado 7 de febrero de 2019, con declaraciones de las partes involucradas y los testigos.

Posteriormente las partes (Estado paraguayo y Arrom y Martí) deben presentar sus alegatos y finalmente la Corte habrá de dictar la sentencia respectiva.

Sobre los jueces que llevaron adelante la audiencia pública, el jurista dijo que "no puedo aportar nada en particular. Por lo general son juristas de una destacada preparación y de mucha experiencia, pero no tengo conocimiento del currículum de cada uno de ellos", y agregó que "en la reciente audiencia han demostrado gran conocimiento del derecho y del caso en particular".

Como dato referente al nivel de los magistrados, debe mencionarse que Raúl Zaffaroni, ex integrante de la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina, forma parte de la Corte. En este caso se excusó de intervenir por haber asesorado en su oportunidad, a la familia de la secuestrada.

Lezcano Claude pidió separar la situación de Arrom y Martí como denunciantes al Estado Paraguayo en el caso de torturas, y su condición de imputados por el secuestro de la señora Bordón de Debernardi, ya que este último ha generado un proceso penal que debe seguirse ante tribunales (Poder Judicial) del Estado paraguayo, y en el cual estarían involucrados Arrom y Martí en carácter de procesados como presuntos coautores del hecho punible.

En cambio, el hecho punible de tortura cometido por agentes del Estado paraguayo en la persona de Arrom y de Martí se lleva adelante ante la Corte Interamericana de DD.HH. y en el mismo está demandado el Estado paraguayo.
Lezcano Claude sentenció que, en caso de confirmarse las torturas a Arrom y Martí como forma de obtener declaraciones incriminatorias de supuestos autores del secuetro, resultaría muy grave para el Estado paraguayo.

Por último, el abogado dio su impresión sobre la presencia del Jefe de Estado, Mario Abdo Benitez, en la audiencia pública, a la que calificó como "desacertada e innecesaria", al igual que Incluso la presencia del Ministro de Relaciones Exteriores, señor Luis Castiglione. "Esto refleja un muy deficiente asesoramiento en la materia. Bastaba con la presencia del Procurador General de la República y de integrantes del Ministerio Público", sentenció Lezcano Claude.

Por otro lado, también criticó la campaña “ni un dólar para el secuestro”, apoyada por el gobierno, al considerar que "implica un anticipado desconocimiento del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en caso de que este resulte desfavorable, denota una gran torpeza" y sumó: "En efecto, supone que el Estado paraguayo habrá de acatar el fallo de un órgano internacional que él ha reconocido, sólo si el mismo le es favorable".

Finalmente la Corte Interamericana dictará un fallo judicial entre los meses de setiembre y octubre, mientras el plazo estipulado para presentar los últimos alegatos de parte del Estado paraguayo, los demandantes y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es hasta el 8 de marzo.