"El encausado formaba parte de un plan sistemático y coordinado con el objeto de la persecución de los opositores al régimen de facto", señala la jueza penal Isaura Tórtora.

Alias El Charleta, de 70 años, está procesado con prisión por esa causa desde julio de 2020, por lo que a la pena fijada se le descontará el tiempo que lleva detenido.

Según la sentencia fechada el 15 de febrero, en su calidad de colaborador de la DNII, Guldenzoph -ex militante de la Unión de Juventudes Comunistas (UJC)- "participó en la detención, interrogatorio y obtención de confesiones bajo tormentos" de integrantes de esa agrupación política.

Unas 50 personas sobrevivientes relataron los tormentos sufridos, incluidos "plantones", "picana eléctrica en todo el cuerpo, especialmente en los genitales", "submarino", "colgamientos", "golpizas" y "violaciones o penetración con objetos contundentes".

Pablo Chargoñia, abogado de los denunciantes, celebró la condena a Guldenzoph como la "culminación de un largo proceso" en el que se conoció "el horror vivido" durante la dictadura. "Es una forma necesaria de garantizar de algún modo que estos hechos no vuelvan a ocurrir", dijo a la agencia AFP.

En 2011, el Parlamento de Uruguay aprobó una ley que declaró imprescriptibles los crímenes de lesa humanidad "cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1° de marzo de 1985", fecha en que se reinstauró la democracia.

Según el sitio de Memoria Uruguay, que sigue la pista de miembros de la dictadura buscados por violaciones de los derechos humanos, Guldenzoph "durante años permaneció impune" y "se desarrolló como empresario privado vinculado, entre otros grupos, a la Secta Moon".