Contra las cuerdas: Lacalle Pou, acusado de contrabando y tráfico de influencias por el ingreso de mercadería argentina
El periodista Jorge Bonica presentó una denuncia penal por los hechos ocurridos en la Aduana de Gualeguaychú-Fray Bentos el pasado 29 de diciembre cuando una posible llamada telefónica del presidente uruguayo habría posibilitado que pasaran varios kilos de alimentos sin controles de ningún tipo para una fiesta en Punta del Este.
Si los hechos se investigan y se comprueban, el presidente, Luis Lacalle Pou, habría cometido varios delitos, pero simbólicamente, el castigo por el descrédito ante la ciudadanía podría ser peor teniendo en cuenta que, antes de los acontecimientos denunciados, el mandatario había afirmado públicamente que “se hará un poco más intensivo” el control de la Aduana en el litoral porque “el contrabando es un delito que nos preocupa junto a la ministra de Economía y al ministro de Defensa”.
Según relató el cronista Bonica, testigo de los hechos ocurridos el pasado 29 de diciembre, los funcionarios aduaneros se tomaron en serio las directrices presidenciales y fueron exhaustivos en el registro de una camioneta que provenía desde la Argentina y que atravesó el puente Internacional General San Martín para ingresar a territorio uruguayo y seguir viaje hacia su destino final en Punta del Este.
“Yo estaba en el puente, casualmente iba hacia Argentina, para Gualeguaychú, y fui testigo de lo que sucedió”, relata Bonica. Para el testigo lo que sucedió fue una operación de contrabando en el Puente San Martín porque “...inclusive puede haber habido un hecho grave de corrupción porque lo que se pasó al territorio uruguayo fueron 150 kilos de mercadería, totalmente impedida de poder pasar de la Argentina para Uruguay, y sin embargo se levantaron las barreras”.
En la denuncia presentada ante la Fiscalía de Montevideo se explica la mecánica del posible contrabando que involucra al presidente y a altas autoridades del Ejecutivo de Uruguay. Bonica resumió, “...un funcionario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, de Aduana, de la Barrera Sanitaria, cumpliendo funciones allí, detectó que una camioneta argentina traía mercadería que era imposible que pasara, pero imposible, ni siquiera con permiso de importación.
Para que pasaran los alimentos tendría que haber actuado el SENASA, que es parte del Ministerio de Ganadería de la Argentina, tendría que haber sido previamente inspeccionada y precintada y debería tener una cadena de frío, porque estamos hablando de langostinos, de salmón, de champagne, de quesos, de pescado crudo. Todo para una fiesta en el Este y el patrocinante de esa fiesta y de toda esa mercadería, la Embajada Uruguaya en la República Argentina”.
Ahora bien, el funcionario aduanero detuvo a la camioneta empadronada con la matrícula argentina AG 086 HN, marca Nissan, modelo 2023, con capacidad para cargar 1.098 kilos, a nombre de la empresa Yacopini Mirai S.A. de la ciudad de Mendoza, y retuvo la mercadería.
Inmediatamente, después de producirse el decomiso de la mercancía alimentaria, llegó “...la orden de la jefa de la barrera sanitaria, que “había llamado Luis”, así lo dijo, refiriéndose al presidente de la República, y esa mercadería tenía que pasar, y obligaron al funcionario a cargar todo en la caja de nuevo, humillándolo al funcionario de la barrera sanitaria, y dejaron pasar al chofer con la carga. Destruyeron el acta que ya se había hecho, se había firmado con toda la mercadería, y lo dejaron entrar”.
Todos estos hechos que involucran a Lacalle Pou pero también a Fernando Mattos, ministro de agricultura, ganadería y pesca y Virginia Guardia, directora de bioseguridad de Uruguay, son mencionados en la denuncia que se presentó donde se acusa a los tres funcionarios de contrabando, tráfico de influencias, abuso de funciones, y presunto soborno. Todos hechos graves que van contra el espíritu de lo anunciado por la administración de Lacalle Pou en torno a medidas efectivas para luchar contra el contrabando en Uruguay.
