En julio, fue alcanzado el número necesario de firmas para que la norma en cuestión sea puesta en discusión en un referendo impulsado por organizaciones sociales, sindicales, feministas y ambientalistas, mayormente opositores.

El presidente Lacalle Pou defiende la LUC por "justa y necesaria" y los sectores oficialistas aseguran que la oposición la utiliza como un referendo contra el Gobierno y enciende la alarma sobre que una eventual derogación traería aparejado hasta "largar presos".

"Pepe" Mujica dijo que el actual Gobierno "exagera mucho" y hace una "especie de terrorismo" verbal cuando defiende la LUC y cuestiona a quienes pretenden derogarla.

Durante el acto, los organizadores informaron que, según el último reporte oficial de la Corte Electoral sobre el proceso de verificación de las casi 800 mil firmas entregadas -del viernes-, se llevan controladas 515.299 rúbricas, de las que se han validado 474.117.

"Lo que confirma que se estarán superando con holgura las 671.544 firmas válidas necesarias para que se convoque oficialmente al referéndum", subrayaron.

Fundamentos

Entre las primeras razones para derogar la LUC, en la proclama se señaló que esa ley "va en contra de normas e instituciones, conquistas democráticas y sociales, forjadas por nuestros abuelos y abuelas, que han sido fundamentales para que en nuestro país se implementaran políticas públicas que contribuyeron a la afirmación de la democracia y las libertades, la inclusión social, la igualdad de oportunidades y la protección de los sectores más vulnerados".

La LUC desata el rechazo de todo el arco opositor. Entre las organizaciones que recolectaron las firmas están la Federación de Estudiantes Universitarios Uruguayos (FEUU), la Intersocial Feminista, el Frente Amplio, la Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay (ADASU), e Intersociales de las provincias de Salto, Carmelo, Rivera, Soriano, Artigas, Costa de Oro, Tacuarembó, Paysandú, Treinta y Tres y Fray Bentos, y Madres y Familiares de Detenidos-Desaparecidos.