Y, sin dudas, el funcionamiento del poder legislativo en Cuba, donde el parlamento suele reunirse apenas dos veces al año, es de los aspectos más difíciles de explicar a mis amigos, e imagino que también constituya un enigma para muchos de mis lectores.

Buscando arrojar luz al respecto, comparto algunas observaciones sobre el debate este fin de semana en la Quinta Sesión Extraordinaria de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular de tres nuevas propuestas de leyes, en un proceso de remodelación del corpus legal de la nación promovido en el articulado de la Constitución que se aprobara en referéndum popular en 2019.

Las nuevas leyes sobre las que debatió el legislativo son: el Código Penal (el anterior llevaba treinta años vigente), la Ley de Ejecución Penal y la Ley de Amparo a los Derechos Constitucionales. Más allá de que estaba cantado que tras algunas sugerencias en su redacción los tres textos se aprobarían por unanimidad, como suele ocurrir desde hace mucho por estas tierras donde aún se vota mano alzada, la transmisión televisiva de las intervenciones de los diputados y los redactores de los proyectos dejó ciertas notas de interés por encima del farragoso lenguaje jurídico en que fueron redactados los documentos y que no siempre resultó suficientemente diáfano para los parlamentarios.

Veterano en estas lides, al Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, diputado Esteban Lazo Hernández, correspondió conducir el debate y lo cierto es que demostró con creces que si bien la veteranía muchas veces resulta un grado, también suele dejar al desnudo la pérdida de capacidades. Trastabillante, equivocándose una y otra vez, al punto de alterar reiteradamente el nombre de una de las diputadas que solicitara el uso de la palabra, el presidente del parlamento cubano pareció en todo instante sobrepasado por las responsabilidades de su cargo y, en algunos momentos, la solemnidad de la sesión quedó en entredicho al llamar Lazo Hernández a un diputado por su apodo, como si se tratase de una reunión de amigos.

Tres polémicas con respecto al articulado del Código Penal me parecieron lo más relevante de las sesiones transmitidas este fin de semana por la radio y televisión nacionales (también por Cubavisión Internacional que lo hace para otros países) y hoy quiero traer a colación una de ellas, dejando para posterior entrega el análisis de las otras dos.

La diputada camagüeyana Doraine Linares, en una intervención en la que abordó varios artículos del nuevo Código, cuestionó la edad mínima fijada para exigir responsabilidad penal a los ciudadanos (dieciséis años, manteniendo inalterable lo establecido en el Código Penal aun vigente) y propuso elevarla hasta los dieciocho y quiero detenerme en la petición de esta diputada, porque son varios los jóvenes cubanos de dieciséis y diecisiete años que han sido juzgados en los últimos meses por la presunta comisión de delitos durante el estallido social del 11 de julio del 2021 que sacudió a ciudades y pueblos de toda la isla.

Muchas voces críticas se alzaron dentro y fuera de Cuba (incluidas las de destacados intelectuales) para criticar la severidad en las sanciones que la Fiscalía pidió a estos menores y se cuestionó que en las modificaciones al Código Penal vigente no se considerara establecer la responsabilidad penal a partir de los dieciocho años y, en general, buscar uniformidad en el corpus legal cubano, bastante heterogéneo respecto a los límites etarios, pues, de aprobarse el Código de las Familias, los dieciocho años serían la edad mínima legal para contraer matrimonio, lo que eliminaría el matrimonio infantil que aún es legal en Cuba (hasta los catorce años para las niñas y dieciséis para los varones), mientras se mantiene la conscripción militar para los varones a partir de los dieciséis (en Cuba el Servicio Militar para los hombres es obligatorio salvo que un panel médico considere la excedencia por razones de salud) y la excepcionalidad para iniciar la vida laboral a esa edad, con lo que resulta que para ciertos aspectos de la vida en sociedad un joven de dieciséis años se consideraría niño y sin madurez suficiente, mientras que para otro,s sí lo estaría.

En fin, la unificación de criterios en el marco legal cubano aparecía como trasfondo de la inquietud de Doraine Linares, que fue respondida por Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, quien sostuvo la necesidad de mantener en dieciséis años el comienzo de la responsabilidad penal, aludiendo la comisión de hechos violentos por menores, en los que incluyó no solo los relacionados con los sucesos del 11J, sino otros de violencia extrema (asesinatos) que harían presuponer un preocupante auge de la delincuencia juvenil en un país donde pocas estadísticas suelen salir a la luz pública y mucho menos aquellas que puedan afectar la imagen de tranquilidad ciudadana. Ante los esclarecimientos de Ferro (echó mano al Derecho Comparado para citar edades de responsabilidad penal iguales o inferiores fijadas en los códigos penales de países como Bélgica, Portugal o Noruega), quien pidió “No olvidar que entre el segmento de la población (en el) que los enemigos tratan de promover las acciones de subversión del orden político del país está este segmento de edad” y, tras ciertas objeciones, la diputada Linares consideró innecesario someter a votación su cuestionamiento.

¿Conclusiones al respecto? Pues que en Cuba, más que la búsqueda de la uniformidad de criterios a la hora de legislar, importa conjurar el miedo a un segmento etario que vive el desánimo, la ira y la apatía el recrudecimiento de la crisis económica, que o no escucha o no cree en absoluto los discursos de una Unión de Jóvenes Comunistas en la que muchos no se ven representados, que ha perdido interés en continuar estudios y prefiere ser mantenido desde fuera por remesas de amigos y familiares que eluden las leyes del embargo norteamericano, que no puede tirar de remembranzas de épocas mejores, que ve en la emigración (no importa si legal o no) la mejor de las opciones, que cada vez piensa más que algo tiene que cambiar en el estado de cosas de un país en el que ni los propios habitantes estamos muy seguros de sí funciona, aunque desde un parlamento de manos unánimemente alzadas se empeñen en ponernos en blanco y negro el cómo.