El impacto del nuevo escándalo recién podrá medirse en la campaña para las elecciones de octubre de 2024, pero todo hace indicar que se sumará al desgaste del Gobierno de Lacalle Pou, golpeado por el caso de corrupción del exjefe de seguridad presidencial, Alejandro Astesiano, y las recientes acusaciones de explotación sexual infantil contra uno de los senadores más relevantes del oficialismo, Gustavo Penades. Las principales encuestadoras le dan una amplia ventaja al opositor Frente Amplio (FA) sobre los partidos de la coalición de Gobierno.

La subasta de 5G acaba de ser reagendada para mayo en medio de fuertes reclamos iniciados por el operador nacional de capitales privados, Dedicado, que denuncia haber sido excluido de la contienda, y también por las multinacionales interesadas en participar del procedimiento, Claro y Movistar.

Incluso desde la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) se han alzado voces discordantes con el procedimiento: Pablo Siris, director por la oposición (FA), dijo que se trata de una subasta cerrada.

El funcionario señaló que se supone que debería ser una subasta abierta para beneficiar al Estado y a todos los competidores, pero las condiciones que se colocaron la hacen en realidad cerrada.

"Se ponen condiciones que impiden la participación en este proceso de empresas nacionales que, aun teniendo experiencia en telecomunicaciones, al no tener una licencia de telecomunicaciones móviles propiamente dicha, se la deja afuera", declaró Siris.

"No es una subasta, es una adjudicación" a las multinacionales, afirmó el director de la Ursec por el Frente Amplio.

Sin el acceso a la tecnología 5G no hay empresa de transmisión de datos que pueda pensarse más allá de tres años. Todos los negocios del futuro de las telecomunicaciones están pensados con esa tecnología 5G.

El operador afectado, Dedicado -la empresa uruguaya que desde hace 23 años presta servicios de telecomunicaciones-, consideró la subasta un "procedimiento plagado de inconsistencias", según declaró a Télam su CEO, Arturo Vargas,

En ese sentido, el semanario Búsqueda publicó esta semana documentos en los que se mostraba cómo el Gobierno de Lacalle Pou había acordado una fórmula con Dedicado que le permitiera participar de la subasta de 5G, pero luego cambió el rumbo, beneficiando a las dos multinacionales que operan en el país.

Según el semanario, el ministro de Industria, Omar Paganini, compartió varios borradores del pliego que estaban elaborando mientras negociaban con los operadores su contenido.

A último momento, el Gobierno dejó de responder a Dedicado y estableció condiciones que le impiden participar de la contienda, dejando en carrera únicamente a Claro y Movistar para los dos bloques de 5G a subastar.

Según la documentación, en todos los borradores entregados por el ministro de Industria y el director de Telecomunicaciones a los operadores interesados en la subasta se informaba de la puesta a la venta de cuatro bandas de espectro. Sin embargo, en el documento final de diciembre 2022 y en el pliego de marzo 2023 de la subasta 5G solo se dejó una banda (3,5 GHz) y se sacaron las otras tres (900/ 1700-2100/ 26 GHz).

Vargas criticó que esto sucede en un país que se autoproclama como modelo económico y de libre competencia y que mientras en el mundo todas las subastas dan participación y prioridad a las empresas locales y se abren las puertas a la participación para las subastas (EEUU, Chile, Reino Unido, Australia, Suecia, Alemania, Argentina, Brasil, Francia, etc.), en Uruguay se cierran.

Las voces discordantes con el procedimiento también se alzan desde las empresas que sí van a poder participar del negocio.

El directivo regional de Claro, Alejandro Quiroga López, cuestionó los términos de la subasta. "Vemos con enorme preocupación que no se han seguido las mejores prácticas" para el diseño del pliego, declaró.

Para el ejecutivo de Claro, el gobierno tiene "una vocación de recaudación", con el precio de 28 millones de dólares fijado para cada bloque de la subasta.

Movistar, otro de los interesados en participar del procedimiento, aseguró a través de su directora de Asuntos Públicos, Leticia Lago, que "tal como están planteadas las condiciones (de la subasta) no permiten un despliegue competitivo de 5G en Uruguay", según declaraciones recogidas por Telesemana.com.

Las tres empresas (Dedicado, Claro y Movistar) presentaron esta semana recursos de impugnación contra la subasta. Pese a ello y a la postergación para mayo el Gobierno defiende el procedimiento.

El ministro Paganini insistió en que se trata de una subasta "abierta" -pese a que al llamado solo se han presentado Movistar y Claro para los dos bloques (uno para cada uno)- y rechazó las acusaciones de Dedicado. "No estamos discriminando a nadie", dijo y consideró "habitual" el intercambio de borradores realizado con los operadores durante un año y medio antes del pliego final.

En medio de esta polémica, se conoció la noticia de que la Junta Anticorrupción recibió una denuncia contra la presidenta de la Ursec, Mercedes Aramendia, por la renovación de espectro 4G a Movistar, empresa donde la funcionaria jerárquica del ente regulador trabajó durante seis años y medio antes de asumir ese cargo público.

A través de un decreto, el Gobierno, por sugerencia de la Ursec, le concedió a Movistar la posibilidad de renovar su espectro 4G por un monto de seis millones de dólares, pese a que un primer informe técnico del organismo regulador sugería un precio de 25 millones de dólares. Un segundo informe, encargado el mismo día que se hizo el primero por el directorio presidido por Aramendia, aseguró que no se contaba con evidencia suficiente para poder establecer un precio para la renovación de ese espectro.

Con esos informes, el Ministerio de Industria resolvió renovar los espectros al precio de la asignación original, 20 años atrás.

El caso cobró polémica luego de declaraciones de Aramendia al noticiero VTV. La ex funcionaria de Movistar y hoy presidenta de la Ursec dijo que en 2024 se iba a decidir el precio de renovación del espectro a Movistar, pero la resolución de la cartera ya estableció que sería al "mismo precio" que cuando se asignó en 2004.

Antes de asumir la presidencia de la Ursec, Aramendia fue jefa de Relaciones Institucionales en Movistar entre diciembre de 2011 y marzo de 2018. Era responsable de la regulación y de las relaciones institucionales con los diferentes actores del mercado, así como de los temas de sostenibilidad y negocio responsable.

El ministro Paganini y las autoridades de Ursec han sido convocados para la semana próxima al Parlamento uruguayo por las inconsistencias en el proceso de renovación de espectro (4G) y los cambios de criterios sin explicación en la subasta 5G.