La decisión causó un enorme descontento entre los gallegos, tanto en España como en el resto del mundo, ya que se trataba de la mutualista gallega mas importante del mundo fuera de la Galicia Continental, con más de 40 mil socios y un siglo de operaciones. Atendía a 10.000 gallegos nacidos en Galicia y a hijos, nietos y familiares de los mismos.

En noviembre de 2022, el último presidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias, un hombre muy reconocido y respetado en la comunidad gallega, anunció que denunciaría al entonces ministro Salinas, por entender que el cierre de la mutualista fue una acción premeditada y organizada con la intención de beneficiar a otras instituciones de salud, particularmente al Círculo Católico y al Hospital Evangélico.

Desde La Derecha Diario, nos comunicamos con Alberto Iglesias, quien denuncia graves presiones de parte de varios actores de Torre Ejecutiva, especialmente de Daniel Salinas, de su subsecretario José Luis Satdjian y el entonces Secretario de Presidencia, mano derecha de Lacalle Pou y actual precandidato a presidente, Álvaro Delgado.

Iglesias, asumió la presidencia de Casa de Galicia en el mes de octubre del año 2018, a pedido del Presidente de la Comunidad Gallega en ese entonces, y actual Presidente del Partido Popular, Alberto Nuñez Feijoo.

Al asumir con la responsabilidad de ejercer el mando de la mutualista, Iglesias solicitó a Feijoo que envíe auditores desde Galicia, para que dejen constancia del estado en el cual se encontraba la Casa de Galicia. Iglesias estaba seguro al momento de asumir que le habían dejado las cuentas destruidas, pero que iba a poder salir adelante.

Los auditores españoles llegaron a fines de enero de 2019, y después de su investigación, hicieron 200 recomendaciones, que la mutualista, con Iglesias al mando, cumplió casi en su totalidad para el mes de octubre de 2021. En ese momento, Iglesias volvió a solicitar una nueva auditoria, esta vez para que se constaten todos los elementos e indicadores en los cuales la mutualista mejoró bajo su gestión.

Un tiempo antes, el 24 de abril del año 2021, el Banco Santander aprobó un crédito de una gran importancia, de 12 millones de dólares con 2 años de gracia y 10 años para pagar, para sanear la mutualista.

En agosto, concretamente el 26 de ese mes, Delgado citó a Iglesias a una conversación privada en Torre Ejecutiva, donde le pidió que consiga inversiones relacionadas a la pesca en Galicia. Concretamente, Delgado le pidió que lo ayude a hablar con Feijoo, en ese momento gobernador de la comunidad gallega, para conseguir inversores de la pesca, y a cambio, le prometio que le firmaría el fideicomiso para salvar Casa de Galicia.

En Uruguay, un banco no da linea de crédito a ninguna institución medica si no existe un fideicomiso firmado por el estado como garante, y esto suele ser una herramienta de negociación que los gobiernos usan para conseguir favores a cambio de la entrega de fondos.

Justo antes que Iglesias llamara a una nueva auditoría, en septiembre de 2021, en una llamada entre Feijoo y Lacalle para confirmar la inversión de las empresas pesqueras, Lacalle le habría pedido a Feijoo que suspenda la misión de auditores para Casa de Galicia, ya que hubiera revelado que la mutual era viable y podría contradecir la versión del Gobierno de que Casa de Galicia necesitaba de la ayuda estatal.

En paralelo a eso, veedores de Uruguay del Ministerio de Salud Pública, al mando por aquél entonces de Daniel Salinas, lanzaron una auditoria propia, distinta a la de los auditores españoles. Esos veedores fueron contratados por la Junta Nacional de Salud (JUNASA), y fueron solamente aprobados con los votos de miembros del Partido Nacional, evidentemente por orden directa de la Presidencia.

Esos veedores habrían recibido presiones del Dr. Gonzalez Machado, jerarca de la JUNASA, quien “alentó” a los veedores a cambiar el informe por ser “muy benevolente”. Sin embargo, declinaron en modificar el informe y lo mantuvieron.

Finalmente, el informe del gobierno llevó a que la mutual perdiera su nivel crediticio y sucumbiera ante las deudas. La quiebra llevó además a dejar a 1.000 trabajadores en la calle. Si bien el Congreso votó que el Estado se haga cargo de sus indemnizaciones, Lacalle Pou vetó por decreto la asistencia.

El gobierno de Lacalle Pou a través de sus máximas jerarquías en Salud y Economía perjudicó adrede a la mutualista Casa de Galicia, por motivos económicos y corporativos, con el fin de que se funda, y que se pueda ir a remate y comprarse barato, en este caso para beneficiar a otras mutualistas, como Circulo Católico que compró todos los bienes materiales de la Casa de Galicia.

En el caso del Hospital Evangélico, que absorbió 10.000 socios de la mutual gallega. El Ministro de Salud al frente de esa operación, Daniel Salinas, fue curiosamente médico del Circulo Católico.