Por lo tanto, manifiestan que en futuras mesas de negociación de salarios, obligatoriamente “deberán trabajar en forma conjunta el sector privado y el público con el objetivo de no establecer ajustes salariales por encima de los fundamentos de las actividades económicas”. Si esto no se tiene en cuenta, consideran que la situación del empresario local se volverá cada vez más precaria, perjudicando el desarrollo de la actividad privada en cuanto tenga que hacer nuevas inversiones, y por lo tanto, generar nuevos empleos.

Otro punto no menos importante se refiere a las presiones inflacionarias. Si bien las últimas cifras han sido más benévolas, la inflación anual se mantiene cercana al 10%, convirtiéndose en una gran presión sobre los precios.

La suba del dólar también está siendo contemplada, ya que sumará presión sobre los bienes transables, variando los precios de la economía. Frente a la suba del billete verde, plantean la necesidad de trabajar en otras variables que inciden en la formación de precios, particularmente sobre los sueldos y el gasto público. Consideran que estos puntos colaborarían notoriamente en la reducción de la desaceleración de la economía.

Obviamente, la Cámara reconoce que el escenario internacional colabora en esta desaceleración, por lo que entienden que el desafío más grande descansa sobre las políticas internas, para que no se traduzca en menor consumo e inversión.

Planteada la situación, los empresarios asumen que el próximo gobierno uruguayo deberá enfrentarse a una coyuntura internacional que se torna desfavorable para Uruguay, si se lo compara con los últimos diez años. Nada que no se logre con políticas eficientes, incluida la mejora de la política fiscal.

En cuanto a la deficiencia en infraestructura que marcan, se refieren al desaprovechamiento de grandes capitales privados disponibles que se podrían canalizar para nuevos proyectos necesarios en el país.