Se pudrió: mientras Lacalle Pou pasea en moto, el sector pesquero está en crisis y tilda al Presidente de irresponsable
El sector pesquero está atravesando una dura crisis y mientras las cámaras empresariales piden a gritos que el presidente Luis Lacalle Pou que tome cartas en el asunto, resulta más rentable para el país traer pescado desde Argentina que procesar la los productos extraídos en las aguas nacionales.
La crisis que atraviesa la pesca del Uruguay, se vio profundizada, por lo que esperan prontas medidas desde el Estado, según informó el medio Pescare. Las empresas afirman que es más rentable llevar pescado congelado desde la Argentina antes que hacer todo el proceso productivo dado los altos costos que están afrontando a la hora de transformar la materia prima.
De algún modo ya tomó intervención el Estado del vecino país, dado que a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social le han asegurado a los trabajadores un “seguro de paro especial”, luego de un pacto firmado con Intergremial Marítima de Uruguay.
En declaraciones a la reconocida y legendaria Radio Carve de Uruguay, Carlos Abel Olivera, Director Ejecutivo de la empresa “Novabarca” (una de las mayores de Uruguay con doce barcos en su flota), afirmó que “la situación es muy compleja, la mayoría de los barcos están parados y hay una gran disminución en la actividad pesquera”.
Además Olivera –impulsor del “Ecosistema Pesquero Uruguayo”, dijo que “la pesca de merluza se ha visto afectada, se ha vuelto más rentable traer pescado congelado desde la Argentina. Falta una regulación favorable que propicie las inversiones y el desarrollo, hay que modernizar la normativa y explorar nuevas oportunidades en la explotación de recursos genéticos marinos”, afirmó el armador.
Las dos principales cámaras pesqueras –Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay y la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay– hace unos días, enviaron un comunicado en conjunto donde acusan al gobierno del residente Luis Lacalle Pou de “irresponsable” por no prestar atención a los fuertes reclamos que están haciendo desde el sector.
“No tomar acciones o seguir demorándolas es también una decisión, con consecuencias que el Poder Ejecutivo tendrá que asumir. El sistema político debe decidir si quiere que en nuestro país haya pesca. El 90% de la flota pesquera lleva paralizada tres meses y hay casi tres mil personas afectadas directamente por el escenario actual. Si nada cambia, probablemente no puedan volver a trabajar en la pesca”, manifestaron públicamente.
