A mediados de febrero, el gobierno de Lacalle Pou emitió el decreto N° 31/025 que reglamentaba la Ley de Servicios de Difusión de Contenido Audiovisual. Sin embargo, en abril, la administración de Orsi decidió suspender su aplicación, argumentando que se habían detectado "disposiciones que no respetan el marco normativo vigente".

El decreto recientemente publicado introduce cambios importantes. Uno de los más relevantes se encuentra en el artículo 14, que aborda las sanciones contempladas en la ley. Según el gobierno actual, la reglamentación anterior no había establecido un cuadro de graduación sobre los montos de las multas, un aspecto que ahora se busca regular.

Otro punto clave es la modificación del artículo 12, que redefine el concepto de "coordinación de operaciones técnicas", limitándolo al uso compartido de infraestructura de transmisión, específicamente torres para sistemas radiantes. El gobierno ha expresado su preocupación de que la anterior definición podría haber facilitado el encubrimiento de la concentración de medios.

En cuanto a las derogaciones, destaca la del artículo 18, que regulaba la regularización de transferencias de titularidad, su ampliación y reducción en el área de servicios de radiotelevisión. Además, se ha derogado el derecho al cobro de multas después de dos años desde la resolución y se ha establecido la prescripción de las infracciones muy graves al cabo de tres años.

Es importante recordar que la Ley de Medios ha sido objeto de polémica desde su origen. El Frente Amplio (FA) ya había manifestado su rechazo durante el debate parlamentario, argumentando que afectaba a Antel con disposiciones monopólicas, extranjerizantes y anticompetitivas, además de cuestionar el "mecanismo de censura previa" del artículo 72.

Otro punto álgido fue el aditivo impulsado por Cabildo Abierto, que buscaba la "imparcialidad" política de los medios. Este aditivo fue vetado por Lacalle Pou, quien lo consideró "incompatible con la libertad de expresión".

En aquel momento, Guido Manini Ríos defendió el artículo, argumentando que buscaba "garantizarle al ciudadano de a pie que va a decidir su voto en base a información veraz, completa, equilibrada, seria, plural".