La situación del país, cuyas falencias en la efectividad del sistema antilavado lo colocan en una posición vulnerable en la evaluación internacional, es delicada. La inclusión en la lista gris del GAFI implicaría sanciones indirectas: mayor escrutinio a las operaciones financieras internacionales, encarecimiento de transacciones y un fuerte golpe a la reputación del sistema económico uruguayo.

Durante el evento, Daniel Espinosa, asesor de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos, fue contundente al describir el escenario actual: “Todo el esfuerzo del sistema antilavado no se está reflejando en condenas ni en decomisos de bienes. Hay pocos resultados, y eso nos deja expuestos ante el GAFI”. Espinosa subrayó que, si bien Uruguay cuenta con una normativa robusta, su aplicación práctica ha sido débil, lo que refleja una “falta de efectividad del sistema” frente al riesgo real.

El especialista también apuntó a la gestión anterior por no haber desplegado todas las capacidades del Estado para combatir el problema: “En papel estamos bien, pero en resultados estamos lejos de lo que deberíamos”. Y fue claro respecto a las consecuencias de un posible ingreso en la lista gris: “Encarece todas las transacciones internacionales y estigmatiza al país como no cooperativo”.

En sintonía con esta preocupación, el presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Guillermo Tolosa, defendió la nueva estrategia como un paso imprescindible para preservar la integridad del sistema financiero y proteger la confianza de los inversores. “Cuando el dinero empieza a oler mal, el empresario honesto pierde reconocimiento, y eso mina la confianza en el mercado. La lucha contra el lavado no es solo una cuestión técnica, es una defensa del modelo de país que queremos”, sostuvo Tolosa.

El titular del BCU también llamó a la responsabilidad institucional: “No hay soluciones mágicas, pero estamos dando un paso importante. El compromiso del Banco Central es total: recibimos reportes de operaciones sospechosas, los analizamos, y asistimos técnicamente a la justicia. La coordinación entre organismos es clave”.

A pesar del optimismo institucional por el lanzamiento de esta estrategia, el trasfondo del anuncio revela que el gobierno se mueve a contrarreloj para evitar sanciones internacionales que comprometan la estabilidad económica y financiera del país. La presión para mejorar no solo es externa, sino también interna: la falta de resultados concretos en condenas, incautaciones y desmantelamiento de redes criminales sigue siendo una deuda pendiente del Estado uruguayo.

El desafío ahora será transformar una estrategia en papel en acciones concretas que logren resultados medibles. Porque de no ser así, el riesgo de ser etiquetado como “país no cooperativo” no solo afectará la reputación de Uruguay, sino también su capacidad real para insertarse en un sistema financiero global cada vez más riguroso con el control del lavado de dinero.