Sigue la guerra por el Presupuesto 2025: la flexibilización del secreto fiscal complica la aprobación
El artículo 635 del proyecto de ley de Presupuesto quinquenal, presentado el pasado 31 de agosto, encendió un nuevo foco de controversia política y económica en Uruguay. La iniciativa habilita a la Dirección General Impositiva (DGI) a acceder a información bancaria de contribuyentes sin necesidad de contar con una orden judicial previa, medida que generó fuertes críticas desde la oposición y el sector financiero.
El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, defendió la inclusión del artículo y aseguró que se trata de un debate “que el país tiene que dar”. Según explicó, la modificación responde a observaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre los estándares de transparencia uruguayos.
#URUGUAY 📰 En el marco del proyecto de Ley de Presupuesto, nuestro economista, @ncichevski, a través de su columna en @elpaisuy, analizó las proyecciones macroeconómicas y fiscales presentadas para el período 2025-2029.
— CPA FERRERE (@cpa_ferrere) September 8, 2025
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“Tenemos desde marzo en proceso una evaluación de la OCDE sobre nuestro estándar de transparencia y la última, realizada en 2020, si bien nos clasificó como país cooperante, incluyó observaciones sobre los plazos para acceder a información bancaria”, recordó Oddone en diálogo con Radio Carve.
Los argumentos del gobierno
El titular del MEF indicó que actualmente Uruguay demora más de 90 días en responder solicitudes de información de fiscos extranjeros, lo que excede el plazo máximo recomendado por la OCDE. “Por lo tanto, la recomendación es no hacer exigible la interposición de un procedimiento judicial en el medio. Es polémico, pero lo hacen todos los países, excepto Chile, Uruguay y Perú”, señaló.
El segundo cambio propuesto, también considerado sensible, es que si los fiscos extranjeros pueden acceder a información bancaria en Uruguay, la propia DGI debe tener esa misma potestad. “Para que la DGI solicite este acceso, el director tiene que establecer de manera fundada que hay presunción de evasión, y no simplemente pedir datos por curiosidad”, subrayó Oddone.
El riesgo de sanciones internacionales
El ministro advirtió que ignorar las recomendaciones de la OCDE podría derivar en sanciones externas, como las aplicadas por la Unión Europea a países catalogados como no cooperantes. “Si perdiéramos esa clasificación, eventualmente podríamos habernos sometido a sanciones”, señaló.
Oddone insistió en que el objetivo es transparentar la situación y poner la decisión en manos del Parlamento: “No queríamos no comunicar esto ni evitar el debate. Ya pasamos por estar en listas grises por omisiones y no queremos repetir esa experiencia”.
Una discusión abierta
La iniciativa abre un frente sensible en la discusión del Presupuesto quinquenal. Mientras el gobierno plantea que la medida es necesaria para mantener la cooperación internacional y evitar sanciones, sus detractores advierten sobre los riesgos de debilitar las garantías de confidencialidad bancaria y de otorgar mayores poderes a la administración tributaria sin control judicial.
El debate parlamentario será clave para definir hasta dónde está dispuesto Uruguay a ceder en materia de secreto bancario en nombre de la transparencia fiscal global.
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