La iniciativa, impulsada inicialmente por el diputado de IS, Gustavo Salle, encontró eco en otros legisladores tras el aplazamiento de la creación de una comisión investigadora en el Parlamento. El diputado colorado Juan Martín Jorge, quien había solicitado la investigación parlamentaria, y posteriormente diputados del Partido Nacional, se sumaron a la denuncia.

Los argumentos presentados por los legisladores opositores se centran en lo que consideran un "presunto desvío de los fines de la administración, utilización ilegítima de facultades y medios del cargo público, y perjuicio económico directo para el Estado" en la compra de la estancia.

Entre las principales objeciones se encuentra la alegación de que el área de Liquidación del INC no contaba con presupuesto suficiente para afrontar el gasto al momento de la operación, lo que, según los denunciantes, implicaría una vulneración de las normas financieras.

La acusación de falsificación ideológica se basa en la supuesta falta del informe técnico exigido por el artículo 28 de la ley 11.029 al momento de la resolución de compra. Se afirma que este documento habría sido agregado posteriormente, con fecha antedatada, e incluiría reparos "sustantivos" que no fueron considerados. Además, los denunciantes sostienen que faltó un estudio económico integral de la explotación regular y que la documentación se habría manipulado "para dar apariencia de legalidad a una decisión ya adoptada".

Otro punto controvertido es la aprobación de la compra por parte del directorio del INC con solo tres votos, cuando el Tribunal de Cuentas (TCR) exige cuatro. También se cuestiona la contratación externa de un informe profesional y se señala una posible conjunción de intereses, dado que dos integrantes del directorio eran colonos y, por lo tanto, no debían participar en la votación.

La denuncia penal presentada por los legisladores de la oposición busca esclarecer las circunstancias que rodearon la compra de la estancia María Dolores y determinar si se cometieron los delitos denunciados. El proceso judicial que se inicia promete ser un tema de debate y seguimiento en el ámbito político y social.