La ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro, aseguró que el objetivo central es garantizar “el acceso y la permanencia a la vivienda”, destacando la incorporación de un sistema de alquiler social que prevé beneficiar a 6.000 hogares en el quinquenio.

Sin embargo, los números del propio diagnóstico oficial reflejan que la problemática supera con creces el alcance de las medidas anunciadas: hay 66.882 hogares con carencias críticas y más de 667 asentamientos en el país, lo que representa un desafío estructural mucho mayor al que parece poder cubrir el plan.

Otro punto de debate es la ejecución presupuestal. El gobierno evitó enfatizar la cantidad de viviendas a construir, enfocándose en “dimensiones sociales, territoriales, económicas y ambientales”.

Si bien la ministra subrayó que “lo importante es el mensaje” y no solo la cantidad de ladrillos, especialistas advierten que esa ambigüedad puede enmascarar metas poco ambiciosas en términos de construcción efectiva, especialmente en un contexto donde los precios del alquiler condicionan fuertemente los ingresos de los hogares más pobres (hasta 37,6 por ciento en el quintil más bajo).

Desde el oficialismo, el plan se presentó como resultado de un trabajo colectivo entre técnicos, autoridades y actores sociales, pero las críticas apuntan a la falta de un cronograma detallado y de mecanismos claros para garantizar la continuidad de los programas más allá de los anuncios.

En un país donde el hacinamiento es la carencia habitacional más extendida —con efectos directos en la salud, la convivencia familiar y el rendimiento educativo de niñas y niños—, la urgencia es evidente. Sin embargo, el plan quinquenal parece apoyarse más en el discurso de integralidad y en promesas de “espacios seguros” que en compromisos concretos y verificables de reducción de asentamientos y construcción de viviendas nuevas.

La gestión de Orsi enfrenta así un doble desafío: mostrar resultados medibles en el corto plazo y recuperar la confianza de los sectores más vulnerables, que siguen esperando soluciones reales para acceder a un techo digno. Sin avances visibles, el Plan Quinquenal corre el riesgo de transformarse en una promesa más que en una política efectiva para revertir la emergencia habitacional.