Actualmente, esos conceptos no se encuentran alcanzados por el tributo. Con la modificación, desde el 1 de enero se aplicará un gravamen del 12 por ciento sobre esos rendimientos.

El mismo proyecto incorpora además el denominado “impuesto Temu”, que limita las compras en plataformas extranjeras libres de aranceles y las somete al pago del IVA.

Acceso a cuentas sin orden judicial

Uno de los aspectos más polémicos de la iniciativa es la eliminación de la obligación de contar con autorización judicial para acceder a los datos bancarios. Hasta ahora, la Dirección General Impositiva (DGI) solo podía solicitar esa información mediante orden de un juez.

Con el cambio, bastará con una resolución administrativa para que el Banco Central requiera los datos a las entidades financieras, que tendrán un plazo máximo de 15 días para entregarlos.

Especialistas advierten que se trata de un procedimiento mucho menos garantista, ya que deja de lado la intervención de la Justicia y otorga a la DGI un poder discrecional para levantar el secreto tributario.

Más carga sobre los argentinos

Los expertos remarcan que, hasta el momento, el impuesto a la renta uruguayo solo gravaba intereses, dividendos y cupones de instrumentos financieros del exterior. Con la reforma impulsada por el Ejecutivo, también quedarán alcanzados los alquileres, las ventas de activos financieros y de inmuebles en el extranjero.

Asimismo, se prevé que los rendimientos y ganancias de capital percibidos por entidades no residentes, e incluso algunas instaladas en Uruguay, se imputen de manera directa a los beneficiarios finales.

De este modo, el gobierno de Orsi impulsa un paquete fiscal que aumenta la carga impositiva sobre los expatriados y empresas argentinas que buscaron refugio en Uruguay, mientras al mismo tiempo debilita las garantías de confidencialidad de sus cuentas bancarias.