La polémica estalló con la modificación del régimen de franquicias: aunque se elevó de 600 a 800 dólares el monto anual para compras en el extranjero, ahora se deberá pagar un IVA del 22 por ciento sobre el valor de la factura, con una base mínima de 20 dólares. En otras palabras, lo que parecía una concesión, se convirtió en un nuevo golpe al consumidor.

El gobierno lo vende como una cuestión de “equidad fiscal”, para que quienes antes quedaban fuera del sistema también aporten. Pero críticos señalan que se trata de un impuesto encubierto, disfrazado de extensión, que afecta a sectores medios y populares que recurrían a estas compras internacionales como un respiro frente a los precios locales.

A esto se suma que la propia administración reconoció que la presión tributaria ya supera en más de mil millones de dólares lo proyectado por el gobierno anterior. Lejos de ser un alivio, el presupuesto destina apenas 140 millones adicionales a políticas sociales, un monto irrisorio frente a las necesidades reales de la población.

Además, se avanza con el nuevo Impuesto Mínimo Complementario Doméstico (IMCD), destinado a gravar a multinacionales, pero que en los hechos genera desconfianza y puede desalentar inversión. Mientras se esconde detrás de tecnicismos, el oficialismo sigue estirando la manta fiscal, dejando claro que la promesa de “no subir impuestos” quedó sepultada por la realidad.