El diagnóstico del ministro incluyó datos alarmantes: más de un millón de armas ilegales en circulación, expansión del narcotráfico que ha convertido a Uruguay en punto de tránsito y acopio de drogas hacia Europa, y una de las tasas de prisionalización más altas del mundo, con un 70 por ciento de reincidencia entre los liberados. “Siete de cada diez vuelven a delinquir en los primeros tres años”, advirtió Negro, subrayando que el problema excede lo policial y tiene profundas raíces sociales.

Pero el discurso oficial no logró disipar las críticas de la oposición. Desde el Partido Nacional, el presidente del Directorio, Álvaro Delgado, exigió “medidas concretas” y cuestionó la falta de resultados de los llamados “Encuentros por la Seguridad”, a los que calificó como simples espacios de catarsis.

El senador Nicolás Martinelli, exministro del Interior, coincidió en que el gobierno no ha puesto “ninguna propuesta concreta arriba de la mesa”, mientras que el diputado Pablo Abdala fue más allá y acusó al Ejecutivo de incumplir compromisos preelectorales, entre ellos el aumento salarial a la Policía, la creación de nuevas vacantes y la transferencia de la atención médica de los privados de libertad a ASSE.

La falta de un plan inmediato y la mención de que el gobierno trabaja en un proyecto para 2026 encendieron aún más las críticas. Para Abdala, el oficialismo “se corta solo” en temas estratégicos como la reforma del Código del Proceso Penal, cuando deberían ser fruto de acuerdos interpartidarios.

La gestión de Orsi en seguridad enfrenta así un frente complejo: homicidios en niveles críticos, criminalidad en ascenso y un sistema carcelario saturado. Mientras tanto, la oposición le exige pasar del diagnóstico a la acción, con políticas concretas y presupuestos que respondan a la urgencia del momento. Sin avances visibles, el riesgo es que la inseguridad se transforme en el talón de Aquiles de un gobierno que llegó al poder prometiendo orden y convivencia.