Hoy, instalado en Uruguay, Emiliano Aloi se mueve en el negocio del cannabis medicinal junto a sus socios Jamie Goldstein y Scott Levin, pese a que la justicia estadounidense prohíbe expresamente que médicos participen en esas actividades

¿Cómo lo lograron? La respuesta parece estar en un entramado de abogados influyentes, jueces cercanos y contactos políticos.

Federico Soneira, el abogado de la elite

Detrás de esa ingeniería aparece Federico Soneira, abogado, polista y habitué de los círculos exclusivos de Punta del Este.

Soneira es descrito como el cerebro legal y fiscal de las operaciones de Levin y Goldstein. Desde su estudio Soneira & Asociados, uno de los más poderosos en gestión de inversiones, asesoramiento integral y planificación tributaria, se encargó de blindar las residencias fiscales y las inversiones de los socios de Aloi.

El despacho, con oficinas que proyectan influencia en Argentina, Chile y Brasil, es considerado un jugador clave en el entramado financiero de la región.

Su estilo de vida no esconde discreción: se lo ha visto en torneos de polo en Punta del Este, en la Bombonera, o viajando a París y Lisboa para disfrutar de espectáculos deportivos de primer nivel.

Mientras tanto, sus servicios legales permitieron canalizar millones hacia Uruguay con una cobertura que solo pueden garantizar los abogados del poder.

Enrique Sayagués Areco, el abogado mediático

En paralelo, los Aloi también cuentan con el apoyo de Enrique Sayagués Areco, un mediático abogado uruguayo. Para muchos, su figura quedó marcada durante la pandemia: defendió públicamente la decisión del gobierno de mantener en secreto el contrato con Pfizer, en medio de fuertes reclamos de transparencia.

“El Gobierno haría muy bien en no publicar el contrato”, sostuvo Sayagués en televisión, alineándose con la política oficial de confidencialidad.

La postura despertó duras críticas: el diputado Gustavo Salle llegó a acusarlo de “mercenario jurídico” y de “cobarde” por priorizar el secreto contractual frente al derecho ciudadano a la información en un tema de salud pública.

La jueza amiga de los Aloi

El otro nombre que incomoda es el de la jueza Claudia Muguiro Lambrosquini, señalada como “amiga y vecina” de Alberto Aloi.

Magistrada civil del Tercer Turno de Montevideo y Persona Políticamente Expuesta, Lambrosquini ya había quedado bajo la lupa en el caso Consorcio Ecológico versus Intendencia de Maldonado.

En aquel expediente, dio por fuera de plazo la respuesta de la comuna, lo que la dejó sin posibilidad de defensa en una demanda millonaria. El Tribunal de Apelaciones terminó revirtiendo el fallo, pero la crítica fue contundente: la forma prevaleció sobre la justicia de fondo.

El doble discurso político

Mientras consolidan sus negocios, los Aloi eligieron un tono político estridente. Desde sus redes y apariciones públicas lanzan ataques sistemáticos contra el Frente Amplio, en especial contra su presidente, Fernando Pereira, a que lo trata de ignorante que no sabe sumar y a la ministra de Salud, a quien califican de “terrible burra”.

Alberto Aloi también dice que su el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, es un nabo. Ese discurso contrasta con su pasado: cuando desembarcaban en el mercado del cannabis medicinal, elogiaban a José “Pepe” Mujica, el mismo expresidente que habilitó la regulación del sector.

Una trama de poder y privilegios

La historia de los Aloi en Uruguay no es solo la de un argentino con cuentas pendientes. Es también el reflejo de cómo el dinero, los estudios de abogados de elite y los vínculos judiciales pueden torcer los límites de la justicia y la política.

En el centro de la escena: Emiliano Aloi, el “asesino al volante” que nunca enfrentó condena seria en Argentina y que en Uruguay sigue tejiendo su red de negocios con el respaldo de abogados influyentes y jueces amigos.