La senadora del Frente Amplio (FA), Bettiana Díaz, enfatizó la "importancia y urgencia" de mejorar los resultados en la prevención del lavado en Uruguay. Aclaró que el debate parlamentario es independiente del reciente atentado contra la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero.

El proyecto de ley propone medidas concretas, como la reducción de los montos permitidos para transacciones en efectivo y el "reforzamiento del control del ingreso de dinero al sistema financiero". Díaz subrayó que estas modificaciones son "congruentes con la estrategia nacional hacia 2030 para la lucha contra el lavado y el financiamiento del terrorismo", un plan aprobado por el gobierno en agosto.

Según la senadora, estos cambios responden a recomendaciones técnicas y tienen como objetivo evitar que Uruguay sea nuevamente objeto de observación en las evaluaciones internacionales del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). Asimismo, Díaz destacó que "la normativa es una de las tantas medidas necesarias para combatir al narcotráfico y al crimen organizado".

El debate político en torno al proyecto también ha surgido. Críticas como las de la senadora del Partido Nacional (PN), Graciela Bianchi, quien lo calificó de "una pantalla para perseguir a ciudadanos honestos", han sido respondidas por Díaz. La senadora frenteamplista cuestionó: "¿Qué es lo que tenés que ocultar si no querés mostrar un poco más de cómo son tus estados contables?".

Díaz considera estas posturas como parte de una estrategia defensiva de las modificaciones previas a la Ley Integral de Lavado de Activos, que fueron criticadas por organismos técnicos independientes por la disminución en los reportes de operaciones sospechosas. La senadora enfatizó que "en Uruguay existen muy pocos procesamientos por lavado de activos, y eso debería preocuparnos".

Díaz también advirtió sobre el avance del narcotráfico como un fenómeno regional que requiere coordinación internacional. "Uruguay ya no es un país de tránsito es un lugar de acopio, de distribución y de salida". Subrayó la necesidad de fortalecer la cooperación internacional, tanto en el intercambio de información financiera como en los procedimientos de extradición.

El proyecto busca avanzar en esta dirección, reconociendo que "el lavado y el crimen organizado cometen delitos transnacionales". En este contexto, la solidez del sistema financiero y la credibilidad institucional del país se erigen como activos clave para la economía uruguaya.