Delgado argumenta que la rescisión del contrato es una "decisión política, no jurídica" y que "expone innecesariamente al país a juicios". En sus declaraciones, el exsenador blanco expresó su preocupación por el posible "enchastre" en el que, según él, se verá envuelto el gobierno.

En contraposición, Delgado defendió el trabajo de las autoridades del Ministerio de Defensa durante la gestión anterior, encabezado por Javier García y Armando Castaingdebat, responsables de la firma del contrato con Cardama.

El Partido Nacional, en una clara postura de defensa interna, se ha sumado a las críticas, especialmente ante la posibilidad de que la investigación del gobierno no solo se centre en Cardama, sino que también alcance a funcionarios públicos involucrados en lo que se considera una posible estafa o fraude contra el Estado uruguayo.

Delgado también acusó al gobierno del Frente Amplio (FA) de utilizar esta polémica como una "estrategia" para distraer la atención pública de sus propios problemas, mencionando específicamente el pedido de renuncia al presidente de ASSE (Administración de los Servicios de Salud del Estado).

Además, el dirigente del PN denuncia una supuesta intención de "desarmar" proyectos iniciados durante la administración de Lacalle Pou, citando ejemplos como el proyecto Arazatí y el saneamiento para 195.000 uruguayos.

En relación al proceso de compra de las patrullas a Cardama, Delgado, al igual que García, insiste en que fue "transparente y avalado" por diferentes organismos, y que la empresa cuenta con el respaldo del gobierno de España.

Sin embargo, el gobierno actual cuestiona la validez de la aseguradora presentada como garante por el astillero, EuroCommerce Bank, argumentando que se trata de una empresa "de papel" en proceso de liquidación y con un apoderado residente en Rusia.