Gabriel Velasco, alcalde del Municipio D de Montevideo —una de las zonas más afectadas— lo resume sin rodeos: “Es un territorio que sufre una cantidad de índices negativos. Tiene un índice de pobreza muy grande. Nuestra zona tiene lugares de conflicto”. Según explicó, la sensación cotidiana de inseguridad está más asociada a delitos como el arrebato o la rapiña, pero reconoce que los asesinatos siguen un patrón claro: “El asesinato está muy encapsulado en la disputa narco”.

El ministro del Interior, Carlos Negro, advirtió semanas atrás que el país enfrenta tasas “epidémicas” de homicidios y remarcó el costo social del fenómeno: “Este delito no es solamente una estadística fría. Es la pérdida irreparable de una vida, el dolor de una familia, de un barrio. Es la propia confianza en nuestras instituciones la que se ve erosionada”.

Distintos estudios apuntan a una combinación de factores: crecimiento del narcotráfico local, fragmentación de bandas pequeñas sin jerarquías claras, cobro de deudas en violencia y una circulación de armas que no para de crecer. Uruguay tiene más de 617 mil armas registradas: una por cada seis habitantes.

Velasco coincide en que el mapa del delito está lejos del cliché del “gran cartel internacional”: “Es un tráfico a pequeña escala. No son los grandes narcos. Es el narcomenudeo, en especial en la periferia de Montevideo. Esto empezó en los 90 y ha ido creciendo”, afirmó.

Mientras tanto, la percepción social sigue dividida: el país continúa siendo visto como un lugar seguro en términos de robo y hurto —delitos que vienen bajando de forma sostenida—, pero los homicidios exponen una realidad mucho más cruda: Uruguay ya no es solo territorio de tránsito de droga, sino también un mercado interno de disputa violenta.