Según el comunicado oficial, la exoneración del 13 por ciento del Impuesto al Valor Agregado regirá hasta el 30 de abril del año próximo y alcanzará a servicios gastronómicos, hoteleros, de catering, alquiler de autos y organización de eventos, entre otros rubros, siempre que el pago se realice con tarjetas o transferencias emitidas desde el exterior. El argumento oficial es “mejorar la competitividad del Uruguay” y “fortalecer la recuperación del turismo receptivo” en un contexto regional favorable.

La medida, sin embargo, deja al descubierto una contradicción difícil de justificar: mientras los uruguayos deben pagar IVA en cada café, en cada restaurante y en cada hotel del país, los extranjeros disfrutarán de un descuento total. El mensaje es claro: el esfuerzo fiscal lo sostienen los de adentro, y los beneficios los disfrutan los de afuera.

El propio presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, Julio Lestido, celebró la continuidad del beneficio al sostener que la “confianza” generada por la victoria del oficialismo argentino favorecerá el arribo de turistas del otro lado del Río de la Plata.

En la misma línea, los empresarios de Punta del Este ya se frotan las manos ante la expectativa de una temporada récord: “Lo suntuoso y lo de mayor valor casi todo está alquilado”, aseguró el vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria de Maldonado, Javier Sena.

Mientras tanto, los ciudadanos uruguayos siguen soportando una carga fiscal que encarece todos los productos y servicios esenciales. El discurso progresista del Frente Amplio, que dice defender la “justicia social” y la “redistribución equitativa”, parece diluirse cuando se trata de proteger a los sectores más golpeados por la inflación y los impuestos.

En lugar de aliviar el bolsillo del trabajador, el gobierno opta por subsidiar el ocio de los visitantes extranjeros. Con el argumento de atraer divisas, termina consolidando un modelo de desigualdad fiscal que premia al turista y castiga al contribuyente.

Así, el Uruguay del Frente Amplio vuelve a mostrarse generoso con los forasteros, pero mezquino con su propia gente. Una política que, en nombre del turismo, profundiza la sensación de injusticia de quienes —con su esfuerzo diario— sostienen al Estado, pero reciben cada vez menos a cambio.