Esta controversia se produce en un contexto en el que el gobierno ha denunciado a Cardama por la presentación de una garantía falsa para la habilitación del contrato. La denuncia se amplió recientemente ante la Fiscalía, luego de que un notario español denunciara en España la falsificación de su firma en el respaldo elaborado por EuroCommerce para el astillero.

Delgado ha criticado el manejo de la situación por parte del oficialismo, calificándolo de "muy irresponsable". Argumenta que el contrato fue firmado por el Estado uruguayo, que se ha venido cumpliendo y que ya ha realizado pagos.

Subraya la importancia de que la Armada Nacional cuente con patrullas oceánicas para defender el mar territorial contra la pesca ilegal y el narcotráfico, sugiriendo que existen intereses para que las patrullas no se construyan o se construyan por otra vía. Además, advierte sobre la posibilidad de un nuevo juicio para Uruguay que implicaría un alto costo económico.

Por su parte, el gobierno, a través del presidente Yamandú Orsi, insiste en que hubo un "fraude" por parte de Cardama y que no hubo "más remedio" que recurrir a la denuncia penal. Orsi ha descartado, de momento, que haya "jerarcas involucrados", refiriéndose a los extitulares del Ministerio de Defensa Nacional (MDN).

Sin embargo, ha expresado su preocupación por el formato del contrato, calificándolo como una "trampa" y señalando los riesgos asociados a la carta de crédito del Banco República (BROU). Afirmó que se debe actuar con cautela y análisis frío tanto en la Justicia como en la jurídica de Presidencia y del gobierno nacional.

La situación se mantiene tensa, con la oposición llevando el tema al terreno de la disputa política y el gobierno defendiendo su decisión en base a la existencia de un presunto fraude. La controversia continúa generando debate y pone de manifiesto las diferencias políticas en torno a la gestión de los contratos estatales y la defensa de los intereses nacionales.