La interpelación, liderada por el senador Javier García, quien fuera Ministro de Defensa en la administración de Luis Lacalle Pou, se centró en las razones detrás de la decisión del gobierno de Yamandú Orsi de rescindir el contrato. García argumentó que esta acción "pone en riesgo la credibilidad del Uruguay" y cuestionó el impacto que podría tener en la capacidad del país para proteger sus aguas marítimas.

La ministra Lazo, por su parte, defendió la decisión del gobierno, asegurando que no hay "revanchismo político" involucrado y que el único objetivo es "velar por el Estado uruguayo y los dineros públicos". Hizo hincapié en la necesidad de proteger los 30 millones de dólares ya invertidos, argumentando que la continuación del contrato, en las condiciones actuales, podría implicar costos adicionales significativos.

Lazo rechazó tajantemente las acusaciones de que cuestionar el proceso de compra de las OPV constituya una actitud antipatriótica. Calificó de "flagrante y burda estafa" la situación heredada y destacó que el gobierno simplemente está cumpliendo con su deber de "dar noticia al sistema judicial-penal" y buscar la protección y el resarcimiento del Uruguay. Además, sugirió la existencia de "omisiones inexcusables de la administración anterior" en la gestión del contrato.

García, en su intervención, planteó un contraste entre la gestión actual y la anterior, recordando que fue él quien firmó el contrato con Cardama. Alertó sobre las posibles consecuencias de rescindir el contrato con España, un socio clave en Europa, especialmente a pocos días de la posible firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.