La autorización permite a las empresas obtener datos geológicos con el objetivo de evaluar la posible existencia de reservas de hidrocarburos. Esta información luego se ofrecerá a empresas petroleras como Shell, Chevron, YPF y Challenger Energy, que ya tienen contratos vigentes con la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland (Ancap).

Las actividades de prospección se desarrollarán hasta abril, a una distancia de entre 150 y 300 kilómetros de la costa, en profundidades que varían de 50 a 5.000 metros, dentro de los bloques offshore 1 y 4. Cabe destacar que el MA autorizó un área de exploración que representa un tercio de lo solicitado inicialmente, buscando mitigar el impacto ambiental potencial.

La visión de los ambientalistas:

Organizaciones como la Red Unión de la Costa, Amigos del Océano, Socobioma y Mar Libre de Petroleras señalan que la prospección sísmica contradice las políticas nacionales de transición energética y compromete los logros y compromisos climáticos del país. Cristina Álvarez, de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras Uruguay, advierte sobre la magnitud de los proyectos petroleros y sus impactos a largo plazo.

Uno de los principales puntos de preocupación es la técnica utilizada en la prospección sísmica, que emplea cañones de aire que generan pulsos sonoros de alta intensidad (más de 250 decibelios). Este ruido puede afectar gravemente a mamíferos marinos como ballenas y delfines, que dependen del sonido para su supervivencia, causando alteraciones en su comportamiento, lesiones fisiológicas e incluso la muerte.

El sector pesquero también ha expresado su preocupación, recordando experiencias pasadas donde la Cámara de Armadores Pesqueros (CAPU) registró pérdidas significativas en las capturas durante actividades sísmicas. Se teme que esta actividad, que podría extenderse por una década, ponga en riesgo la supervivencia de miles de familias que dependen de la pesca.

La defensa del gobierno:

El Ministerio de Ambiente (MA) ha informado que recibirá a las organizaciones ambientalistas y que el ministro Edgardo Ortuño realizará declaraciones públicas para explicar el alcance del permiso otorgado. Ortuño ha declarado que se realizarán las prospecciones con las "máximas garantías ambientales".

La autorización ambiental establece medidas de mitigación, como la prohibición de activar las fuentes de sonido ante la presencia de cetáceos, tortugas y pinnípedos en un radio de 1.000 metros.

El gobierno también argumenta que los contratos con las empresas petroleras fueron firmados durante la administración anterior, justificando así la continuidad del proyecto.