La segunda alternativa, la rescisión unilateral, se justifica por la gravedad del incumplimiento y la necesidad de proteger el interés público. El informe jurídico señala que esta opción está contemplada en el artículo 70 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf), lo que habilitaría legalmente al gobierno a tomar esta decisión. En caso de rescisión, se aplicaría una cláusula contractual que transferiría automáticamente al Estado la propiedad de lo construido hasta el momento.

Además del análisis jurídico, el gobierno ha ampliado por segunda vez la denuncia penal contra Cardama. Esta ampliación se basa en una nueva pericia del Ministerio del Interior que analiza el documento de garantía y concluye que "no hay firma digital", sino copias calcadas.

El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, ha señalado la existencia de "incumplimientos por parte de la empresa" en la construcción de las patrulleras, así como un "cúmulo de irregularidades" en torno a la compra. Subrayó que la situación es lo suficientemente grave como para haber generado un gran escándalo si hubiera ocurrido bajo la administración anterior.

La decisión final sobre el futuro del contrato con Cardama está en manos del gobierno uruguayo, que deberá sopesar las opciones disponibles y sus implicaciones legales y financieras. La rescisión del contrato podría tener un impacto significativo en la capacidad de Uruguay para modernizar su flota naval, mientras que la renegociación implicaría superar importantes obstáculos de confianza y transparencia.