El contrapunto más elocuente llegó desde el propio corazón del Poder Ejecutivo. El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, salió públicamente a contradecir al presidente al rechazar la idea de que exista un “abuso” del proceso abreviado en el sistema penal. Lejos de acompañar el diagnóstico de Orsi —quien lo definió como un “problemón”—, Díaz sostuvo que los altos niveles de procesos abreviados responden a la eliminación de otras herramientas y recordó que, en los sistemas acusatorios modernos, el juicio oral pleno es siempre una excepción.

La desautorización no fue menor: provino de un dirigente con peso específico en materia jurídica y dejó en evidencia una preocupante falta de alineación en un tema tan sensible como la política penal. En lugar de mostrar un rumbo claro, el gobierno quedó atrapado en una discusión pública entre sus propios jerarcas, alimentando la percepción de improvisación.

A este escenario se sumaron las polémicas declaraciones de Orsi sobre el modelo de seguridad de El Salvador. Aunque luego intentó matizar sus dichos asegurando que solo buscaba “generar debate”, el presidente volvió a moverse en un terreno ambiguo, elogiando implícitamente la popularidad de Nayib Bukele mientras advertía —en abstracto— sobre los riesgos del autoritarismo. Para varios dirigentes frenteamplistas, esa ambivalencia resulta problemática: abre flancos innecesarios y diluye una posición histórica del FA en defensa de las garantías y el Estado de derecho.

Orsi insiste en que su intención es discutir, explicar y reflexionar, pero cada vez son más las voces en su propio partido que señalan que gobernar exige algo más que instalar debates. Sin definiciones claras, sin una línea política coherente y con contradicciones internas expuestas en público, el presidente corre el riesgo de consolidar una imagen de conducción errática, incluso entre quienes deberían ser sus principales aliados.