Según el sindicato, la propuesta del Poder Ejecutivo supone una reducción drástica de la actividad industrial, al relegar a la planta sanducera a un rol meramente residual.

De acuerdo con lo explicado por el dirigente sindical Eduardo Zabala, el esquema plantea que Paysandú quede como respaldo del sistema cementero, con su horno encendiéndose solo de manera esporádica o en caso de que la planta de Minas no pueda operar. En la práctica, advierten, se trata de una virtual inactividad.

La crítica apunta directamente a lo que consideran una contradicción central del gobierno de Orsi: mientras se insiste en que no habrá cierre formal ni reducción de personal, el contenido del plan revela un vaciamiento progresivo de la función productiva. “Cuando uno baja la información y la analiza, lo que hay es una reducción muy grande de la actividad industrial. Eso es un cierre encubierto”, afirmó Zabala, quien además sostuvo que el esquema es “inviable” y que “va rumbo al colapso”.

Desde Fancap alertan que la propuesta no solo compromete la producción, sino también el empleo en el mediano plazo. Aunque el Ejecutivo asegure que toda la plantilla seguirá trabajando, el sindicato entiende que mantener una planta casi inactiva carece de sustento económico y operativo. La asamblea de trabajadores rechazó el plan por considerar que desconoce el rol colectivo de la industria y abre la puerta a un desmantelamiento gradual.

Las críticas no quedaron circunscriptas al ámbito sindical. El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, también cuestionó con dureza la decisión del gobierno nacional y advirtió sobre su impacto social y económico en un departamento que ya arrastra altos niveles de desempleo. Si bien reconoció que los trabajadores presupuestados de Ancap no enfrentarían un riesgo inmediato, subrayó que la reducción de actividad golpea de lleno a empresas proveedoras y personal tercerizado.

Olivera apuntó además contra la falta de una estrategia alternativa por parte del Ejecutivo. “No nos pueden seguir quitando y apagando chimeneas de un día para el otro sin una alternativa”, reclamó, y planteó que, si el negocio del portland no resulta rentable, el debate debería incluir opciones productivas que permitan reinvertir recursos y sostener el desarrollo local.

En ese sentido, el jefe comunal anunció la conformación de un frente común con actores políticos, sociales y sindicales para defender el empleo y la actividad industrial en el departamento. Su mensaje fue claro: administrar con responsabilidad fiscal no puede implicar mirar para otro lado mientras se apagan fuentes de trabajo.

El episodio vuelve a poner en cuestión la gestión del gobierno de Yamandú Orsi en áreas sensibles de la economía productiva. Mientras el Ejecutivo habla de eficiencia y sostenibilidad, crecen las denuncias de que esas consignas se traducen, en los hechos, en ajustes encubiertos que castigan al interior y profundizan la pérdida de empleo industrial.