Esta acción legal es una respuesta a la postura del gobierno uruguayo, liderado por la ministra Sandra Lazo, quien anticipó la finalización del contrato antes de marzo y la interrupción de los pagos debido al supuesto incumplimiento de Cardama con los hitos de avance en la construcción de las OPV (Ocean Patrol Vessels).

La Oposición Cuestiona la "Seriedad Jurídica de Uruguay"

La oposición política en Uruguay no tardó en reaccionar ante este nuevo escenario. El senador del Partido Nacional (PN), Javier García, criticó la gestión del gobierno, afirmando que se priorizó "lo político por encima de lo jurídico", lo que podría tener consecuencias económicas negativas para el país. García, exministro de Defensa, argumentó que la conferencia de prensa del presidente Yamandú Orsi denunciando irregularidades en octubre tuvo fines políticos y que las consecuencias serán perjudiciales para Uruguay. "Nos vamos a quedar sin patrullaje, sin OPV, cuestionada la seriedad jurídica de Uruguay y además perderemos lo invertido. Simplemente por política. Empujaron al presidente a meter al país en un lío", sentenció.

La senadora blanca Graciela Bianchi también se pronunció, utilizando la ironía para criticar la gestión del gobierno. Por su parte, el diputado del Partido Colorado (PC), Juan Martín Jorge, lamentó que "la improvisación, mala gestión e irresponsabilidad nos dejan expuestos a un revés totalmente evitable", incluso si el Estado tuviera razón en este conflicto.

En resumen, el conflicto por las patrullas oceánicas se intensifica con Cardama buscando resarcimiento legal. La oposición critica duramente la gestión del gobierno, anticipando consecuencias negativas para Uruguay en términos de seguridad marítima, reputación jurídica y pérdida de inversión. El desenlace de este conflicto legal y sus implicaciones para el país siguen siendo inciertos.