Cardama comunicó la colocación de la quilla de la segunda patrullera, lo que, según su interpretación del contrato, habilitaría el cobro del 30 por ciento del valor de la nave. Sin embargo, el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) notificó formalmente a Cardama sobre "incumplimientos detectados" en el proceso de construcción de los buques.

El Gobierno sostiene que la colocación de la quilla estaba prevista para junio de 2026 y que, antes de ese hito, debía concretarse la instalación de los motores. La ministra de Defensa, Sandra Lazo, indicó que la empresa incluso informó que el proveedor de los motores rescindió el contrato. El Gobierno considera el anuncio de Cardama como una "artimaña" para adelantar el cobro.

Para agravar la situación, capitanes de navío uruguayos enviados a Vigo, España, para inspeccionar los trabajos, reportaron que la quilla estaría colocada al revés, lo que refuerza la postura oficial de que no se cumplieron las condiciones técnicas estipuladas.

El pago asociado a este avance estaba previsto en una segunda carta de crédito a renovarse en febrero de 2026. No obstante, desde la Presidencia se considera que existen suficientes elementos para no habilitar esa renovación, profundizando las tensiones con Cardama.

El presidente Yamandú Orsi aseguró que el gobierno se mantendrá "firme" en su decisión de revisar el contrato, a pesar de la posibilidad de que Cardama inicie un juicio contra el Estado uruguayo. La situación plantea interrogantes sobre el futuro de la construcción de las patrulleras y la relación contractual entre ambas partes.