El episodio no solo revela un error administrativo: expone una falta de conducción política en un gobierno que prometió austeridad, transparencia y respeto institucional. Que representantes directos del Poder Ejecutivo hayan convalidado un beneficio económico contrario a la ley deja en evidencia una gestión que parece improvisar en temas sensibles, incluso cuando se trata de organismos previsionales que atraviesan serias dificultades financieras.

La polémica se profundizó por las justificaciones posteriores. Uno de los directores que apoyó la medida sostuvo que no se trataba de un salario, sino de una “compensación” por ingresos no percibidos en la actividad privada, y que el monto no impactaba en el presupuesto. Un argumento que, lejos de despejar dudas, refuerza la sensación de desconexión entre la dirigencia y la realidad de miles de profesionales que sostienen la Caja con aportes cada vez más exigentes.

Desde otro sector del Directorio, la postura fue contundente: la medida fue calificada como “ilegal y antirreglamentaria”, y ya se anunció un pedido formal de nulidad. El contraste interno refleja un organismo atravesado por tensiones y decisiones erráticas, mientras el Poder Ejecutivo opta por reaccionar tarde, aceptando renuncias cuando el daño político ya está hecho.

Para la administración Orsi, el episodio representa algo más que un traspié puntual. Marca una señal de alerta sobre los controles, la idoneidad de los nombramientos y la coherencia entre el discurso y los hechos. En momentos en que se exige responsabilidad y cuidado extremo de los recursos, la validación de pagos indebidos en un cargo honorario no es un detalle menor: es un síntoma de una gestión que todavía no logra ordenar su propio funcionamiento.

La marcha atrás llegó, pero el problema quedó expuesto. Y con él, una pregunta incómoda para el nuevo gobierno: ¿se trató de un error aislado o del primer indicio de una forma de gestionar que promete más conflictos que certezas?