Mucho ruido, pocas nueces: el Gobierno acusa a Cardama de "incumplimiento" y el país sigue sin patrullas oceánicas
El Gobierno de Yamandú Orsi ha escalado su disputa con el astillero español Cardama, acusándolo de un "grave incumplimiento" del contrato para la construcción de dos patrulleras oceánicas (OPV) destinadas a la Armada Nacional.
El foco del conflicto reside en la validez de la segunda garantía exigida en el contrato, la cual, según el gobierno, no cumple con los requisitos estipulados, dejando al Estado en una situación de desprotección.
Si tenés dignidad renuncia a tus fueros y presentate en la justicia Uruguaya @FiscaliaUruguay para comparecer por las COIMAS recibidas por Cardama 😡😡😡😡😡 pic.twitter.com/XqqrwI7Fl4
— Carlos (@CarlosR48370010) January 29, 2026
Antecedentes y Dudas sobre las Garantías
Las sospechas sobre Cardama comenzaron el año pasado, generando dudas sobre la validez de las garantías presentadas para respaldar el contrato de 82 millones de euros, firmado en diciembre de 2023. El gobierno actual ha puesto especial atención a este tema, y esta semana, el Ministerio de Defensa notificó formalmente a la empresa sobre la detección de un nuevo problema, que se suma a observaciones anteriores.
El contrato original establecía dos garantías a favor del ministerio: una de fiel cumplimiento y otra de reembolso, equivalente al 10% del precio de cada buque. Si bien Cardama contaba con 45 días para presentar las garantías, el proceso se extendió casi once meses hasta que fueron aceptadas por la administración anterior. Ya en octubre, se anunció la preparación de una denuncia por presunto fraude al Estado debido a dudas sobre la garantía de fiel cumplimiento, emitida por EuroCommerce Bank, que se sospechaba podía ser falsa.
El Problema con la Garantía de Reembolso
Ahora, las dudas se extienden a la garantía de reembolso, presentada como emitida por Redbridge Insurance Company. El Ministerio de Defensa ha informado que el documento remitido por Cardama no constituye una póliza de seguro, sino un mero texto de "términos y condiciones". Representantes legales de Redbridge han confirmado que no se trata de una póliza de anticipo financiero, tal como exige el contrato.
Para el gobierno uruguayo, esta situación implica que el Estado nunca recibió la garantía de reembolso correspondiente, lo que representa un incumplimiento "grave y esencial" del contrato. El Ministerio de Defensa ha sugerido que la conducta del astillero podría deberse a una "grave negligencia" o incluso a una actuación deliberada para simular el cumplimiento de sus obligaciones.
Posibles Consecuencias
El gobierno uruguayo ha calificado este hecho como parte de un "incumplimiento repetido y sistemático" por parte de Cardama. Ante este escenario, se reserva el derecho de rescindir el contrato, exigir la devolución de los importes ya abonados (aproximadamente 28 millones de euros) y reclamar una indemnización por daños y perjuicios.
Cardama Continúa la Construcción
A pesar de la creciente tensión política y judicial, Cardama continúa con la construcción de las patrulleras en Vigo. La empresa ha avanzado con la construcción del primer barco y ha iniciado la colocación de la quilla del segundo, en medio de acciones legales en curso tanto en Uruguay como en España. La disputa legal y las dudas sobre los pagos futuros desde Uruguay proyectan una sombra sobre el proyecto.








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