El disparador fue el cierre de la metalúrgica Cla Sienz en Colonia, un nuevo golpe al empleo industrial. Sin embargo, lejos de ofrecer respuestas estructurales que mejoren la competitividad, reduzcan costos o generen incentivos a la inversión, el gobierno opta por trasladar la presión al sector privado, imponiendo más obligaciones formales a empresas que ya operan en un contexto adverso.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, defendió la propuesta asegurando que permitiría “anticipar conflictos” y abrir instancias de diálogo tripartito antes de decisiones “irreversibles”.

No obstante, para muchos actores económicos la medida corre el riesgo de convertirse en un nuevo obstáculo burocrático que complique aún más la toma de decisiones en situaciones críticas, sin garantizar la preservación de los puestos de trabajo.

Desde el Ejecutivo se insiste en que el proyecto se apoya en el Convenio 158 de la OIT y que mecanismos similares existen en otros países. Pero la comparación resulta parcial: en economías más dinámicas, estas reglas suelen ir acompañadas de políticas activas de estímulo, alivio fiscal y apoyo a la reconversión productiva. En Uruguay, en cambio, la discusión parece reducirse a exigir avisos previos, como si el problema del desempleo se resolviera con notificaciones y mesas de diálogo.

El respaldo del Frente Amplio no sorprendió. El diputado Bruno Giometti salió a defender la iniciativa y descalificó las críticas de la oposición, atribuyéndolas a una “derecha radicalizada”. El tono del cruce político deja en evidencia otro rasgo del oficialismo: ante cuestionamientos legítimos sobre el impacto económico de la medida, la respuesta es ideológica antes que técnica.

El propio gobierno admite que la ley no impediría cierres ni despidos. Entonces, la pregunta inevitable es qué cambia en la práctica para los trabajadores que ya perdieron su empleo o para las empresas que no logran sostenerse. Para muchos analistas, el proyecto funciona más como un gesto político hacia los sindicatos que como una solución real a la pérdida de puestos de trabajo.

Mientras la administración Orsi prepara el envío del texto al Parlamento, el mapa productivo sigue mostrando señales de alarma. Cierres de empresas, caída de la actividad y despidos ponen en duda la efectividad de un enfoque que prioriza el control y la regulación por sobre la generación de condiciones favorables para producir y emplear. En ese contexto, la nueva ley laboral parece más un parche discursivo que una respuesta de fondo a una economía que necesita oxígeno, no más trámites.