Orsi sostuvo que la rescisión constituye “una acción que apunta a la necesidad permanente de transparencia en la gestión pública” y remarcó que tanto la garantía de fiel cumplimiento como la de anticipo financiero “no cumplen con lo establecido en el contrato”. Según explicó, el documento presentado por la compañía no correspondía a una póliza válida sino a un texto de términos y condiciones.

El presidente detalló que el proceso administrativo se inició el 22 de octubre y derivó en cuatro medidas, entre ellas la terminación del contrato de suministro, el inicio de acciones por daños y perjuicios y gestiones para recuperar el patrimonio estatal. Además, afirmó que se buscará determinar responsabilidades institucionales e individuales y continuar el proceso de adquisición de los buques OPV, considerados estratégicos para la defensa de la soberanía.

Diferencias legales y posible juicio

El prosecretario Díaz explicó que el contrato prevé mecanismos distintos para dirimir controversias: los incumplimientos contractuales deben resolverse en jurisdicción nacional, mientras que los aspectos técnicos constructivos se canalizan mediante arbitrajes. En ese marco, anticipó un eventual juicio por daños y perjuicios.

El funcionario subrayó que el acuerdo se firmó bajo el marco normativo de la Agencia Reguladora de Compras Estatales y el régimen del Tocaf, y aseguró que Uruguay cumplió con todas sus obligaciones contractuales, a diferencia del proveedor extranjero. También enfatizó que las garantías exigidas son “elementos sustanciales del contrato” y que su ausencia impedía que este entrara en vigor, señalando que el plazo original de 45 días terminó extendiéndose a once meses sin que se regularizara la situación.

La controversia abre ahora un frente judicial y diplomático con la empresa española, al tiempo que el gobierno uruguayo deberá redefinir el proceso para adquirir las patrullas oceánicas sin afectar los planes de defensa marítima.