Según trascendió, la medida se vincula a una estrategia más amplia del Ministerio de Relaciones Exteriores orientada a la contención del gasto público, que incluye la fusión de partidas presupuestarias, limitaciones en la contratación de personal y reducción de recursos operativos en embajadas, consulados y residencias oficiales.

El Ministerio de Economía, encabezado por Gabriel Oddone, había identificado propiedades estatales en el exterior que no se utilizaban plenamente y que podrían generar ingresos millonarios si eran vendidas.

Tras la eventual venta, los embajadores pasarían a alquilar viviendas, una modalidad que, según el gobierno, permitiría disminuir erogaciones permanentes y destinar los fondos obtenidos a la compra de oficinas o a la mejora de la sede central de la Cancillería.

Las residencias en cuestión se encuentran en zonas de alto valor, como el barrio Argüelles en Madrid, el distrito financiero de San Isidro en Lima y el área diplomática de Washington, lo que refuerza el interés económico de la operación.

Sin embargo, las medidas generaron malestar y resistencia entre diplomáticos, que advirtieron que los recortes afectan el funcionamiento cotidiano de las representaciones y podrían implicar despidos de personal de servicio y mantenimiento.

Algunos embajadores plantearon que las residencias oficiales también cumplen funciones protocolares y de representación del Estado, por lo que su venta podría impactar en la actividad diplomática.

En medio de este proceso, el gobierno introdujo ajustes normativos para diferenciar el tratamiento entre residencias alquiladas y aquellas que son propiedad del Estado, permitiendo mayor flexibilidad en el personal en ciertos casos. La Cancillería justificó las decisiones en base a restricciones presupuestarias y la necesidad de optimizar recursos en el servicio exterior.