El agua vale más que el oro: la Justicia pone la lupa sobre la reforma del proyecto Arazatí que impulsa el Gobierno
El Tribunal de Cuentas (TCR) se encuentra en un momento crucial, y revisará este jueves el acuerdo entre el Estado y el consorcio privado Aguas de Montevideo. Esta revisión tiene como objetivo determinar si el contrato actual, tras las modificaciones realizadas por el Gobierno de Yamandú Orsi, sigue cumpliendo con el objetivo primario de la iniciativa original. La decisión del TCR se produce después de que el gobierno cancelara el proyecto Arazatí a mediados del año pasado.
El proyecto Arazatí, también conocido como Neptuno, inicialmente contemplaba la instalación de una planta potabilizadora en la zona de Arazatí, San José. Sin embargo, el gobierno actual optó por relocalizar y redimensionar el proyecto.
Habría que hacerles tomar un vaso frente a cámaras. Y Ortuño va a hacer un destrozo ecológico irrecuperable para Uruguay y seguiremos sin agua, todo por llevar la contra al proyecto Arazatí con excusas estúpidas. Argentina tiene 4 tomas del Río de la Plata abastece a todo Bs. As
— Amnios (@joselo1953) February 14, 2026
Ahora, la nueva planta potabilizadora se ubicará en un terreno contiguo a la actual planta de Aguas Corrientes, en Canelones. Esta nueva instalación, que será gestionada por la empresa estatal OSE, tendrá una capacidad de 200.000 metros cúbicos diarios de agua potable. Al sumarse a la capacidad de la planta ya existente, se alcanzará una disponibilidad total de aproximadamente 900.000 metros cúbicos. El proyecto también incluye la construcción de una aductora de 40 kilómetros de longitud que llegará hasta Cuchilla Pereira, el punto de entrada del agua al sistema de abastecimiento de Montevideo.
Según fuentes oficiales, el objetivo principal del gobierno con esta nueva planta es asegurar el suministro de agua potable en el área metropolitana hasta el año 2045. Además, se espera que el costo del proyecto sea un tercio más económico que el costo previsto para Arazatí.
La renegociación del contrato con el consorcio privado – compuesto por Berkes, Saceem, Ciemsa y Fast – también incluye la construcción de una represa en el arroyo Solís Chico. Esta represa aportará una reserva de agua bruta de 6 millones de metros cúbicos y una planta potabilizadora de menor tamaño, con una capacidad de 24.000 metros cúbicos diarios, destinada a cubrir la demanda en la Costa de Oro, desde el arroyo Pando hasta Jaureguiberry.
La decisión del Tribunal de Cuentas es crucial para el futuro del proyecto Neptuno y para garantizar el abastecimiento de agua potable en la región metropolitana de Uruguay. Su evaluación se centrará en determinar si las modificaciones realizadas mantienen la esencia del acuerdo original y cumplen con las necesidades de la población a largo plazo.
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