Mientras el episodio nunca avanzó en la Justicia argentina, Aloi se instaló en Uruguay, donde desarrolló negocios entre Montevideo y Punta del Este. En ese contexto, un nuevo elemento se suma al cuadro: el testimonio de una ex empleada doméstica de la familia, que aseguró haber trabajado entre 2022 y 2024 sin contrato formal.

“Nunca tuve un contrato formal”, afirmó. Según relató, ingresó por recomendación de una amiga y desempeñó tareas en una residencia donde también había más personal.

Deslizó que otros trabajadores podrían encontrarse en la misma situación irregular. La mujer, que pidió mantener su identidad en reserva por temor a represalias, denunció además deudas salariales y malos tratos.

Sobre el carácter del empresario, fue directa: lo describió como “un poco soberbio” y recordó frases en las que, según dijo, manifestaba que hacía “lo que le daba la gana” tanto en Punta del Este como en Argentina.

El informe televisivo también señaló que Aloi acumularía más de 60 infracciones de tránsito en el país y que continuaría manejándose sin restricciones. La pregunta que atraviesa el caso sigue vigente: si la ley se aplica igual para todos o si el poder económico vuelve a inclinar la balanza.