La Federación Rural se levanta contra el Gobierno y amenaza con protestas si avanza con la represa en Casupá
Productores agrupados en la Federación Rural analizan realizar un "tractorazo" en rechazo a la construcción de la represa proyectada en Casupá, una obra promovida por el gobierno para asegurar el abastecimiento de agua potable en el área metropolitana de Montevideo hasta alrededor de 2045.
El proyecto de Casupá, que cuenta con financiamiento de hasta 130 millones de dólares del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y planea almacenar unos 118 millones de metros cúbicos de agua bruta dulce, ha generado críticas por su impacto económico, social y ambiental, según los ruralistas.
La Federación Rural advierte con movilizaciones si el gobierno avanza con la represa en Casupá https://t.co/b3mjJ5XTuv a través de @ambitocom
— Nicolás Lussich (@NicolasLussich) February 27, 2026
El presidente de la entidad, Rafael Normey, cuestionó el plan estatal e insistió en que existen alternativas que no se están evaluando con la misma profundidad. "El proyecto de Casupá tiene impactos negativos comprobados", afirmó y luego añadió: "¿Por qué tiene que ser la solución si existen otras alternativas que no se están estudiando?".
Según Normey, los productores estarán dispuestos a respaldar la obra siempre que se demuestre que realmente es la mejor opción disponible para la seguridad hídrica del país. Sin embargo, planteó que si el camino es "se hace sí o sí", responderán con movilización. "Vamos a seguir conversando con las autoridades tratando de convencer al más alto nivel, estamos en esa línea", aseguró el dirigente.
Proyecto estratégico y oposición
El proyecto de la represa de Casupá, ubicada sobre el arroyo homónimo, afluente del río Santa Lucía en el departamento de Florida, integra una iniciativa considerada por el gobierno como prioritaria para garantizar el suministro de agua potable en condiciones de sequía severa. Con apoyo de CAF, la licitación internacional de la obra está prevista para marzo de 2026, con inicio de construcción a principios de 2027 y finalización proyectada para mediados de 2029.
Sin embargo, no todos los sectores comparten esa visión. Además de la postura de la FRU, legisladores del Partido Colorado (PC) han manifestado preocupación por el impacto ambiental y sociocultural del proyecto, calificándolo como "preocupante" y advirtiendo sobre la posible destrucción de flora y fauna locales si la represa se construye sin planes de contingencia y adecuados estudios ambientales.
Grupos de vecinos y productores de la zona también han señalado que la realización de la represa implicaría la inundación de tierras productivas y el desarraigo de familias que habitan el entorno, advirtiendo que el proyecto "no contempla adecuadamente los impactos ambientales, sociales, productivos ni culturales" en las comunidades locales.
Debate ambiental y alternativas
El Poder Ejecutivo sostiene que la represa es una obra estructural crucial para asegurar la disponibilidad de agua potable ante futuras crisis hídricas, incorporada entre los compromisos del gobierno y respaldada por estudios técnicos que la presentan como una solución robusta frente a escenarios de escasez o sequía extrema.
Por su parte, sectores críticos plantean discutir otras posibilidades, como soluciones complementarias a la infraestructura hídrica o alternativas menos invasivas, aunque esas propuestas no han sido adoptadas oficialmente ni evaluadas con la misma escala que el proyecto de Casupá.








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