El senador del Partido Colorado (PC), Pedro Bordaberry, ha sido una de las voces más críticas, logrando unificar a la bancada opositora en la Cámara Alta para exigir explicaciones sobre las alarmantes cifras de criminalidad. La oposición no solo cuestiona los números, sino también la estrategia general del Ministerio del Interior, percibida como ineficaz y carente de la transparencia necesaria.

A principios de febrero, la Coalición Republicana ya había manifestado su preocupación, señalando "debilidades de liderazgo, falta de firmeza y ausencia de una estrategia clara" por parte del Ministerio. Esta crítica se centra en la aparente incapacidad del gobierno para abordar las necesidades de seguridad de la población.

El Partido Nacional (PN) también ha expresado su "preocupación por la situación de inseguridad ciudadana", haciendo hincapié en las "evidentes carencias y debilidades de liderazgo" dentro del Ministerio del Interior. En un comunicado, el PN afirmó que, tras un año de gobierno, no se han observado avances significativos ni un rumbo definido que responda a las demandas sociales en materia de seguridad.

En la misma línea, el Partido Colorado (PC) ha manifestado su postura crítica. El senador y secretario general, Andrés Ojeda, declaró que "falta firmeza" en la conducción del Ministerio del Interior y subrayó la necesidad de establecer un rumbo más claro, especialmente en la lucha contra el narcotráfico.

Ojeda reconoció el trabajo técnico de Diego Sanjurjo, asesor del Ministerio del Interior, al presentar el informe de cifras de delitos correspondientes a 2025. Si bien Sanjurjo está afiliado al PC, Ojeda aclaró que no representa al partido dentro del ministerio, destacando su continuidad desde el gobierno anterior.

La interpelación al Ministro del Interior promete ser un debate acalorado en el Parlamento, donde la oposición buscará obtener respuestas claras y demandar un cambio de rumbo en la política de seguridad del gobierno. La transparencia en las cifras de criminalidad y la eficacia de las estrategias implementadas serán los puntos centrales del cuestionamiento. El futuro de la política de seguridad y la confianza en el gobierno podrían depender de este proceso.