Este plan trasciende el ámbito policial e involucra a diversos organismos del Estado, como el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Defensa, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Esta coordinación interinstitucional busca abordar el problema de la seguridad desde diferentes perspectivas, reconociendo que el delito tiene raíces complejas que requieren soluciones integrales. Un ejemplo de esta colaboración es la propuesta de construir dos cárceles de máxima seguridad en terrenos del Ministerio de Defensa, con el fin de mejorar la infraestructura penitenciaria y la gestión de personas privadas de libertad vinculadas a delitos de alta peligrosidad.

El gobierno busca promover un acuerdo político amplio en torno a este plan, reconociendo que la seguridad es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Sin embargo, la iniciativa ya ha generado controversia en la oposición. Senadores del Partido Colorado y del Partido Nacional han expresado su rechazo a ciertas propuestas que, según afirman, formarían parte del documento, incluyendo la creación de un Ministerio de Justicia y modificaciones en la titularidad de la Fiscalía de Corte. Estas críticas sugieren que alcanzar un consenso político sobre el plan de seguridad podría ser un desafío para el gobierno.