La demanda, registrada bajo el expediente 3276/2026, busca frenar o mitigar los efectos que el proyecto industrial podría generar en el ecosistema del río Uruguay. Los legisladores fundamentan su acción en artículos del Código Civil y Comercial de la Nación, alegando un riesgo concreto de daño ambiental que debe ser prevenido.

El legislador Michel criticó la respuesta del gobierno de Entre Ríos frente al proyecto, defendiendo la vía judicial como una herramienta para impulsar estudios ambientales y medidas de prevención. Según Michel, tanto el Estado uruguayo como la empresa deberán rendir cuentas ante la justicia argentina.

Uno de los puntos centrales de la demanda es la supuesta omisión por parte de Uruguay de presentar los estudios de impacto ambiental ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), un paso obligatorio según el estatuto del río Uruguay y la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia. Los demandantes sostienen que Uruguay habría avanzado unilateralmente, otorgando permisos sin someter el proyecto al mecanismo bilateral de control. Los legisladores insisten en la necesidad de exigir la presentación de los estudios, frenar el avance de las obras hasta su evaluación y, de ser necesario, recurrir nuevamente a la Corte de La Haya por incumplimiento.

La preocupación también se extiende a nivel local, con comunidades entrerrianas manifestando inquietud por las posibles consecuencias ambientales de la planta, especialmente ante la falta de información oficial sobre el grado de contaminación que podría generar.

En la demanda, los legisladores solicitan la producción de prueba pericial ambiental, proponiendo la intervención de organismos técnicos especializados o de un perito biólogo, así como información detallada sobre la empresa HIF Uruguay SA y las características del proyecto.