Recientemente, la Fiscalía de Concepción del Uruguay determinó que el caso debe ser tramitado por el Juzgado Federal de esa ciudad. Esto permite a la justicia argentina evaluar las medidas preventivas solicitadas por los legisladores, incluyendo una inspección judicial de las costas del río Uruguay y el análisis de las aguas.

Los demandantes sostienen que la planta incumple con el Estatuto del Río Uruguay y la jurisprudencia establecida por la Corte Internacional de La Haya en el caso "Botnia-UPM", un conflicto anterior entre Argentina y Uruguay por la instalación de una planta de celulosa. Para informar a la ciudadanía, han creado un sitio web con información sobre el expediente.

Desde Uruguay, el presidente Yamandú Orsi se ha mostrado optimista y "dispuesto a ayudar" a lograr acuerdos que minimicen los problemas con los vecinos argentinos. Sin embargo, el canciller Mario Lubetkin criticó las declaraciones del gobernador argentino Rogelio Frigerio, quien comparó la situación con el conflicto por la planta de celulosa Botnia.

El avance de esta demanda civil añade un nuevo capítulo a la relación entre Argentina y Uruguay, poniendo a prueba la capacidad de diálogo y cooperación en materia ambiental. La resolución de este conflicto será crucial para el futuro de los proyectos de hidrógeno verde en la región y la gestión compartida de los recursos naturales.