Según declaraciones del senador frenteamplista Eduardo Brenta, durante los gobiernos anteriores existieron contactos para la compra de las patrullas, aunque sin respaldo presupuestal que permitiera concretar la operación. Brenta también señaló que el análisis posterior del negocio generó dudas relevantes, calificando algunas situaciones como "bastante turbias" en referencia a los valores y procedimientos involucrados en la negociación.

La comisión, integrada por legisladores de todos los partidos, busca determinar responsabilidades políticas y administrativas a lo largo de todo el proceso, desde las primeras gestiones hasta la rescisión del contrato. El período bajo estudio abarca más de una década de decisiones vinculadas a la renovación de la flota naval.

En paralelo, la oposición ha cuestionado el rol del oficialismo en los años previos, argumentando que durante el tramo 2015-2020 se perdieron oportunidades para avanzar en la compra de las patrullas.

Las citaciones previstas incluyen a exjerarcas de Defensa, Economía y la Armada, así como a otros actores que participaron en las distintas etapas del proceso. Se espera que los testimonios permitan esclarecer cómo evolucionó la iniciativa y bajo qué condiciones se tomó cada decisión.

Con el inicio de las comparecencias, la comisión entra en una fase clave para reconstruir el caso en detalle. El intercambio de versiones entre oficialismo y oposición, sumado a la documentación que se incorpore, será determinante para establecer conclusiones sobre un tema que combina gestión pública, decisiones estratégicas y cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.