Según la normativa aprobada, el reparto de la cuota de exportación se realizará en un 75 por ciento en función de los antecedentes exportadores de los últimos tres años, mientras que el 25 por ciento restante quedará como reserva para nuevos actores o ajustes operativos.

Una decisión unilateral que irrita al sector

Lejos de construir consensos, el Ejecutivo optó por avanzar con el esquema pese a la oposición de buena parte de la industria frigorífica. La medida fue aprobada por mayoría dentro del INAC, pero con un rechazo claro de actores clave del negocio cárnico.

El argumento oficial apunta a ordenar el acceso a un cupo estratégico —que para 2026 alcanza unas 324.000 toneladas—, pero en la práctica consolida la posición de los grandes exportadores y limita las oportunidades para nuevos jugadores.

Para los críticos, se trata de una política que favorece la concentración y reproduce desigualdades dentro del sector, en lugar de promover mayor competitividad o diversificación.

Un cambio en medio de señales de alarma

La polémica no ocurre en un vacío. Llega en un momento particularmente delicado para la cadena cárnica uruguaya, golpeada por problemas sanitarios y cuestionamientos desde su principal mercado.

En los últimos meses, China rechazó múltiples embarques de carne uruguaya por la presencia de residuos veterinarios y fallas documentales, bloqueando al menos 34,4 toneladas en el puerto de Shanghái.

Incluso se suspendieron plantas exportadoras tras detectarse sustancias como fluazurón, lo que obligó al gobierno a reforzar controles y admitir fallas en la trazabilidad.

Este contexto plantea una pregunta inevitable: ¿por qué priorizar una reforma administrativa controvertida cuando aún no se resuelven problemas estructurales que afectan la credibilidad internacional del país?

Falta de rumbo y gestión reactiva

El manejo del gobierno evidencia, según analistas y actores del sector, una lógica más reactiva que estratégica. Mientras enfrenta observaciones sanitarias que ponen en riesgo un mercado clave —que concentra cerca del 40% de las exportaciones cárnicas—, el Ejecutivo decide avanzar con cambios regulatorios sin consenso.

La combinación de conflictos internos, cuestionamientos externos y decisiones unilaterales alimenta la percepción de un rumbo errático en la política agroexportadora.

Entre la concentración y la incertidumbre

La medida del INAC, lejos de cerrar la discusión, abre un nuevo frente de conflicto con la industria. Al mismo tiempo, deja en evidencia las limitaciones de un gobierno que, en lugar de fortalecer la institucionalidad y la confianza del sector, parece profundizar divisiones.

En un contexto internacional exigente y con mercados cada vez más rigurosos, Uruguay enfrenta el riesgo de debilitar una de sus principales cartas económicas. Y lo hace, paradójicamente, por decisiones internas que muchos consideran evitables.