La medida, presentada como parte de una reestructuración del sistema de seguridad social, encendió alarmas tanto en la oposición como en sectores técnicos.

El proyecto oficial apunta a que las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) pierdan el manejo directo de las cuentas individuales de los trabajadores, una función que pasaría a estar concentrada en un organismo público aún por crear.

Un cambio estructural con alto costo político

La iniciativa no es menor: implica modificar uno de los pilares del sistema mixto de jubilaciones vigente en Uruguay desde los años noventa. En la práctica, el control de los fondos previsionales —que hoy gestionan entidades privadas bajo regulación estatal— quedaría bajo la órbita directa del Estado.

Críticos de la medida advierten que este giro podría afectar la confianza en el sistema, al introducir incertidumbre sobre la propiedad y administración de los ahorros individuales. La posibilidad de que el Estado concentre ese control es vista como un avance sobre recursos que, hasta ahora, eran administrados en cuentas personales claramente identificadas.

Señales contradictorias en la política económica

La propuesta también genera ruido en un gobierno que, por un lado, ha buscado mostrarse abierto a mecanismos de mercado —como la posibilidad de que empresas públicas emitan acciones— y, por otro, impulsa una mayor centralización en áreas sensibles como la seguridad social.

Esta dualidad alimenta cuestionamientos sobre la coherencia del rumbo económico. Mientras se promueve cierta apertura en sectores productivos, el sistema previsional parece avanzar en sentido contrario, con una mayor intervención estatal.

El fantasma de la estatización

Si bien desde el oficialismo evitan hablar de “estatización”, el cambio propuesto es percibido por la oposición como un paso en esa dirección. El traslado del control de las cuentas individuales a un ente estatal despierta temores sobre el uso futuro de esos fondos, especialmente en un contexto donde el propio gobierno ha reconocido tensiones fiscales y necesidades de financiamiento.

En Uruguay, el sistema previsional ya enfrenta desafíos estructurales vinculados al envejecimiento de la población y la sostenibilidad financiera. En ese escenario, cualquier modificación que altere la arquitectura institucional genera un fuerte impacto político y social.

Un debate que recién comienza

El proyecto aún deberá atravesar el debate parlamentario, donde se anticipa una discusión intensa. La reforma previsional es, históricamente, uno de los temas más sensibles en Uruguay, y este caso no parece ser la excepción.

Para el gobierno de Orsi, la iniciativa representa una apuesta por reordenar el sistema y fortalecer el rol estatal. Para sus críticos, en cambio, es una señal preocupante de concentración de poder sobre los ahorros de los trabajadores.

En definitiva, más allá de los argumentos técnicos, el debate expone una tensión de fondo: hasta dónde debe llegar el Estado en la administración de los recursos previsionales y qué garantías existen para preservar la propiedad y la transparencia de los fondos. En ese terreno, el margen de error político es mínimo.