El rechazo más contundente provino del PIT-CNT, la principal central sindical del país, que acusó al presidente de ignorar los mecanismos institucionales. Según denunciaron, el ingreso de una aeronave militar extranjera —utilizada para trasladar a Orsi hasta el portaaviones— habría requerido autorización parlamentaria, lo que no ocurrió. Para la organización, esto podría implicar una vulneración directa de la Constitución.

Las críticas no se limitaron al plano jurídico. Desde el sindicalismo y sectores políticos se cuestionó el simbolismo de la imagen presidencial sobre una nave militar asociada a conflictos bélicos internacionales, señalando que contradice la histórica postura uruguaya de neutralidad y promoción de la paz en la región. Incluso se recordó el compromiso asumido por el país en el marco de la CELAC para consolidar a América Latina como zona de paz y libre de armas nucleares.

La oposición también aprovechó el episodio para golpear al Ejecutivo. Dirigentes políticos calificaron la situación como una “vergüenza” y pusieron en duda la legalidad del procedimiento, profundizando el desgaste de un gobierno que ya venía enfrentando cuestionamientos en otras áreas de gestión.

Más allá del hecho puntual, el episodio abre un interrogante mayor sobre la coherencia de la política exterior de Orsi. El mandatario había sostenido una postura crítica frente a intervenciones militares extranjeras en la región, pero su presencia en el USS Nimitz parece tensionar ese discurso, generando acusaciones de ambigüedad e improvisación.

En este contexto, la visita al portaaviones no aparece como un gesto aislado, sino como un síntoma de una estrategia internacional que aún no logra consolidar consensos internos. Entre cuestionamientos legales, críticas políticas y malestar sindical, el gobierno enfrenta el desafío de recomponer su credibilidad y explicar si su alineamiento responde a una política de Estado o a decisiones coyunturales que podrían tener costos políticos duraderos.