Pero el dato más elocuente es otro: en los últimos doce meses apenas se generaron 9.000 nuevos empleos, una cifra muy por debajo de los niveles históricos del país, donde en períodos de mayor dinamismo se superaban los 30.000 o incluso 40.000 puestos anuales.

La lectura es inevitable: el motor del empleo está perdiendo fuerza. Y con él, una de las principales promesas de estabilidad económica del nuevo gobierno.

El deterioro no se limita al desempleo. La tasa de empleo cayó al 59,3 por ciento y la actividad también retrocedió, lo que indica que menos personas están trabajando o buscando trabajo activamente.

Además, los problemas estructurales persisten sin respuestas claras. El desempleo juvenil alcanza el 25,9 por ciento, afectando a uno de cada cuatro jóvenes, mientras que la informalidad se mantiene en torno al 22 porcentual y el subempleo roza el 9,4.

En este contexto, la administración de Yamandú Orsi queda expuesta por la falta de medidas contundentes para reactivar el mercado laboral. Las iniciativas anunciadas hasta ahora —como programas focalizados o planes de inversión acotados— parecen insuficientes frente a un escenario que exige respuestas más profundas.

El problema es también político. El empleo es, históricamente, uno de los indicadores más sensibles para la ciudadanía, y su deterioro impacta directamente en la percepción sobre la gestión. No es casual que el desempleo ya figure entre las principales preocupaciones de los uruguayos.

Lejos de mostrar una recuperación, los datos de marzo consolidan una tendencia preocupante: Uruguay no está destruyendo empleo masivamente, pero tampoco lo está generando. Y en economía, ese punto intermedio suele ser el más difícil de revertir.

Para el gobierno de Orsi, el desafío ya no es prometer crecimiento, sino demostrar que puede reactivar una economía que empieza a dar señales de fatiga. Por ahora, las cifras marcan lo contrario.