La frase, lejos de cerrar el debate, profundizó el malestar interno. Para varios dirigentes oficialistas, el gesto hacia Estados Unidos contradice posiciones históricas del progresismo uruguayo y refleja una creciente distancia entre el presidente y parte de la base política que lo llevó al poder.

El episodio dejó además una imagen incómoda para el Gobierno: un mandatario progresista recorriendo una de las principales plataformas militares de Washington en medio de conflictos internacionales y crecientes tensiones geopolíticas. La visita fue interpretada por sectores críticos como un giro simbólico hacia una política exterior más alineada con intereses estadounidenses.

Incluso dentro del gabinete hubo reparos. El ministro de Trabajo, Juan Castillo, reconoció públicamente que la decisión “no le gustó”, mientras dirigentes sindicales y referentes del PIT-CNT cuestionaron la conveniencia política del gesto.

Ante las críticas, Orsi insistió en que actuó pensando “en lo que le conviene al Uruguay” y reivindicó su rol institucional por encima de las posiciones partidarias. Sin embargo, el argumento expone otra dificultad para su administración: la falta de una línea clara y consensuada en política exterior.

Desde el inicio de su mandato, el gobierno de Yamandú Orsi intentó sostener una estrategia de equilibrio entre bloques internacionales, combinando vínculos con gobiernos progresistas latinoamericanos, acercamientos a China y una relación pragmática con Estados Unidos. Pero la visita al USS Nimitz parece haber tensionado ese delicado equilibrio.

El problema no es solo diplomático, sino político. La escena refuerza la percepción de un gobierno que empieza a mostrar contradicciones entre discurso y práctica, especialmente en temas sensibles para su electorado. Mientras parte del Frente Amplio mantiene posiciones críticas hacia la influencia militar estadounidense en la región, Orsi eligió mostrarse junto al embajador norteamericano Lou Rinaldi en una actividad de fuerte contenido simbólico.

La polémica llega además en un momento complejo para el Ejecutivo, con señales de desaceleración económica, aumento del desempleo y caída de las exportaciones, factores que ya comenzaron a afectar la imagen del Gobierno.

En ese contexto, la controversia por el portaaviones termina funcionando como algo más profundo que un episodio diplomático: expone fisuras internas, falta de coordinación política y un liderazgo que todavía no logra consolidar consensos dentro de su propia coalición.