Según la denuncia, los responsables de Ara Homes SRL habrían administrado unidades sin entregar respaldos contables a sus titulares, aun frente a reclamos formales reiterados. Pero el punto más grave es otro: los denunciantes sostienen que, incluso después de haber sido notificados para cesar en la administración de ciertas propiedades, los involucrados habrían seguido utilizando los inmuebles con copias de llaves para alquilarlos sin conocimiento de sus dueños y quedarse con los ingresos.

La presentación también describe la presunta ocupación de espacios comunes de un edificio para montar oficinas vinculadas a Ara Homes SRL, sin autorización ni contraprestación económica. El hecho habría quedado asentado mediante acta notarial. Para los denunciantes, no se trató de un exceso administrativo sino de una forma de apropiación funcional de bienes ajenos.

“Usurparon los espacios comunes del edificio para instalar sus oficinas durante años y ni los servicios pagan”, sostuvo uno de los damnificados. La frase resume el clima de hartazgo de quienes aseguran haber confiado sus bienes y su dinero a un grupo que, según la denuncia, nunca respondió con documentación clara ni con rendiciones verificables.

El nuevo expediente se suma a la causa por los desarrollos inmobiliarios en Tamarindo, Costa Rica, donde ya aparecían mencionados Lisandro Aloi, Juan Pablo Issel, Rodrigo Rossetto y Damasia Fernández Górgolas. Allí, los damnificados denunciaron haber sido captados mediante promesas de inversión, rentabilidad, participación societaria, entrega de acciones y adjudicación de tierras en los proyectos Air Tesoro S.A. y Air Homes Dos S.A.

La oferta, según la querella, venía envuelta en una presentación de manual: renders, proyecciones, maquetas digitales, relatos de valorización acelerada y una supuesta oportunidad inmobiliaria en una de las zonas turísticas más codiciadas de Centroamérica. Pero cuando los inversores fueron a ver qué había detrás del relato, aseguran haberse encontrado con otra realidad: terrenos sin obras, falta de infraestructura, acciones no entregadas y documentación incompleta.

En números, el expediente es todavía más contundente. Los denunciantes hablan de una hipoteca por 485.000 dólares tomada sin notificación previa a los inversores; supuestos aportes en efectivo desde Argentina hacia Costa Rica por alrededor de 400.000 dólares; presuntos aportes ficticios por más de 2 millones de dólares; retiros de fondos por aproximadamente 300.000 dólares; y una falta persistente de rendiciones contables.

También aparece un mecanismo especialmente sensible: el presunto intento de condicionar la entrega de acciones a la firma de documentos de renuncia a futuros reclamos civiles, comerciales o penales. Es decir, según los damnificados, para recibir lo que ya les correspondía debían resignar el derecho a denunciar. Cuando una de las víctimas se negó, el caso escaló a una denuncia por presunta coacción contra Rodrigo Rossetto, radicada en San Isidro, donde la Justicia habría dispuesto una prohibición de contacto y el cese de actos de hostigamiento.

Como si faltara algo, la investigación por Costa Rica ya había derivado en medidas para preservar documentación, soportes digitales y material vinculado a Air Tesoro, Air Homes Dos, SANO-ARA y otras sociedades mencionadas en la causa. Para los denunciantes, ese movimiento judicial dejó una señal clara: esto ya no huele a simple disputa comercial. Huele a expediente penal.

El dato no es menor: Lisandro Aloi no se movía en las sombras ni como un improvisado. En la página oficial de AIA International figura como representante país para la Argentina del American Institute of Architects. Allí también aparece vinculado a SANOARA y a AIR - Real Estate and Architecture, la estructura asociada a desarrollos inmobiliarios en Costa Rica. Por eso, el caso golpea más fuerte: detrás de los renders, las promesas de rentabilidad y los terrenos que los denunciantes describen sin obra, aparece un arquitecto con chapa internacional, presencia institucional y vínculos formales con una red global de arquitectura. La Justicia dirá si hubo delito. Pero en términos reputacionales, el contraste es brutal. ¿La prestigiosa AIA sabe que su representante argentino aparece asociado a una trama de denuncias por inversiones millonarias, obras que no avanzaron, acciones que no habrían sido entregadas y damnificados que hoy reclaman explicaciones ante la Justicia?

Y en esa trama vuelve a aparecer un apellido cargado de ruido: Aloi

Porque el caso no se agota en Lisandro. En la documentación incorporada al expediente también aparece Emiliano Aloi, hermano de Lisandro, mencionado por una deuda de aproximadamente1.453.000 dólares con una de las damnificadas. Según la denuncia, Emiliano habría propuesto canalizar ese monto hacia los desarrollos inmobiliarios de su hermano en Costa Rica. De ese total, se mencionan aportes por 693.400 dólares a Air Tesoro S.A. y por 760.000 a Air Homes Dos S.A.

El problema es que Emiliano Aloi no llega a esta historia como un desconocido. Su nombre ya venía circulando en publicaciones periodísticas de Argentina y Uruguay por el caso vial de Mariano “Tutu” Álvarez, ocurrido en 2014, por el cual fue señalado mediáticamente como “asesino al volante”. Aloi acumularía 63 infracciones de tránsito entre CABA y Provincia de Buenos Aires, de las cuales 43 corresponderían a la Ciudad, con multas superiores a los 5 millones de pesos y un 65 por ciento de faltas vinculadas a excesos de velocidad, incluso con registros de circulación a 140 kilómetros por hora en autopistas urbanas.

El caso de Emiliano Aloi y lo vinculó con investigaciones, deudas millonarias y el antecedente vial de 2014. En otra publicación, el medio retomó el caso de Mariano “Tutu” Álvarez y la denuncia pública sobre una presunta impunidad sostenida durante más de una década.

Cuando un apellido aparece asociado a deudas, denuncias, multas, causas, desarrollos fallidos y presuntas maniobras con dinero de terceros, la pregunta ya no es solamente qué pasó con una inversión. La pregunta es si existe un patrón. Los involucrados negaron responsabilidad en los hechos vinculados a Costa Rica mediante un comunicado reciente. Pero los damnificados aseguran que llevan más de cuatro años esperando respuestas: qué pasó con los fondos, dónde están las obras, por qué no recibieron las acciones, quién autorizó la toma de deuda, qué documentación respalda los movimientos y por qué se habrían usado bienes ajenos sin autorización.