La discusión llega en un momento especialmente delicado para la gestión de Orsi, que ya viene siendo cuestionada por el deterioro de algunos indicadores económicos y por el aumento de la desaprobación pública. El eventual incremento de combustibles amenaza con trasladarse rápidamente a precios de alimentos, transporte y servicios, profundizando las dificultades de trabajadores, jubilados y pequeños comerciantes.

Desde sectores empresariales y productivos advierten que un nuevo ajuste en las naftas y el gasoil afectaría directamente la competitividad de la producción nacional, especialmente en actividades vinculadas al agro y al transporte de mercaderías. Además, remarcan que los aumentos acumulados terminan impactando en toda la cadena de consumo.

En paralelo, consumidores y sindicatos expresaron preocupación por el efecto que la medida tendría sobre los salarios, que ya vienen perdiendo capacidad de compra frente a la inflación y el encarecimiento general de bienes y servicios.

La administración de Orsi, por ahora, evita confirmar oficialmente el porcentaje de incremento que podría aplicarse, aunque el tema ya genera tensión política dentro y fuera del oficialismo. La oposición, en tanto, comenzó a cuestionar la falta de medidas alternativas para amortiguar el impacto de la volatilidad internacional sobre los precios internos.

El debate sobre los combustibles se suma así a una creciente lista de desafíos económicos para el gobierno uruguayo, en un escenario donde el malestar social comienza a ganar terreno y donde cada ajuste amenaza con profundizar el desgaste político de la actual administración.